La Fiscalía de Chile informó este viernes de la apertura de una investigación de oficio contra el presidente del país, Sebastián Piñera, luego de que la publicación de los Pandora Papers revelara presuntas irregularidades en la venta en 2010 en Islas Vírgenes Británicas de sus acciones en un megaproyecto minero.
“El fiscal nacional ha decidido abrir de oficio una investigación penal por los hechos asociados a los Pandora Papers”, anunció la directora Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera.
Entre los delitos que se indagarán están “cohecho, soborno y tributarios”, agregó Herrera.
Esto ocurrió luego de que diputados chilenos de la oposición anunciaron que presentarán una acusación constitucional en contra de Piñera. “Todas las bancadas de oposición hemos acordado iniciar una Acusación Constitucional contra el presidente Sebastián Piñera”, indicó a la prensa en el Congreso Jaime Naranjo, diputado del Partido Socialista, flanqueado por otros parlamentarios.
La acusación constitucional busca establecer la responsabilidad de altos funcionarios públicos y, de prosperar, puede conllevar la destitución de Piñera, cuando faltan seis semanas de la primera vuelta de la elección presidencial. También podría provocar la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado, pero para que prospere se requiere la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.
Piñera se encuentra en el centro de la polémica luego de que una investigación de los medios chilenos LaBot y CIPER, parte de los Papeles de Pandora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), lo vincularon a la venta en 2010 de la minera Dominga a través de una empresa de sus hijos, al empresario Carlos Délano -un íntimo amigo del mandatario- por 152 millones de dólares.
Piñera y su familia habrían sellado la polémica compraventa de su participación en el proyecto, que amenaza gravemente un importante santuario natural en la zona norte del país.
De acuerdo con la misma investigación, gran parte de la operación se realizó en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.
Asimismo, en el acuerdo se incluía una polémica cláusula que supeditaba el último pago del negocio a “que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas”, decisión que recae en la figura del presidente chileno.
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