La Cámara de Diputados de Paraguay ha aprobado este miércoles un proyecto de ley que eleva las condenas por invasiones a la propiedad privada, tal y como estaba previsto, y pasa ahora al Ejecutivo para su promulgación o veto. Integrantes de comunidades indígenas, concentrados frente al Congreso desde hace varios días en rechazo al proyecto, amenazan con recrudecer las manifestaciones si la ley no es vetada en 48 horas.
Sectores campesinos e indígenas, señalados con frecuencia como sectores que realizan estas invasiones en el interior de Paraguay y en las zonas de Asunción y Central, se han movilizado desde primera hora en contra de la normativa y han protestado en las inmediaciones del Congreso paraguayo.
“El Presidente de la República debe vetar la ley a favor del pueblo indígena”, dijeron los manifestantes.
“Tenemos 19 indígenas heridos, nunca solucionaron el problema de las tierras y nos quieren hacer ver como criminales”, afirmó Derlis López, uno de los dirigentes indígenas. Y agregó: “Vamos a venir masivamente en caso de que la ley sea promulgada, no nos vamos a callar más”.
La ley, que ha salido adelante con 49 votos a favor, establece concretamente que quien “individualmente o en concierto con otras personas ingresara con violencia o clandestinidad a un inmueble ajeno será castigado con pena privativa de libertad de hasta seis años”.
En el caso de que la persona ocupe una propiedad privada para “instalarse” u “ocasionando daño patrimonial a los bienes existentes en el inmueble ajeno”, la pena de cárcel asciende hasta los diez años.
La mayoría de los integrantes de las dos bancadas del Partido Liberal, el mayor de la oposición, anunciaron su abandono del recinto junto a legisladores de otras formaciones minoritarias en protesta por la propuesta de un diputado oficialista de cerrar el debate, aprobada en votación.
“No hemos tenido oportunidad de profundizar el debate. No es una posición democrática”, dijo la diputada Kattya González, del Partido Encuentro Nacional.
El proyecto, que queda en manos del presidente del país, Mario Abdo Benítez, solo contó con el rechazo de tres legisladores, con una abstención, y un total de 27 ausentes, entre los que no estuvieron presentes y quienes no quisieron participar en la votación.
De hecho, desde las filas liberales se pidió posponer el tratamiento por 15 días, y atendiendo a la necesidad de un exhaustivo estudio, así como a los incidentes ocurridos frente al edificio antes de la sesión.
La Policía Nacional dispersó de mañana con carros de agua, gases lacrimógenos y balines de goma a un reducido grupo de manifestantes, identificados como indígenas, que intentaron derribar la valla de protección.
Según la información recogida por el diario ABC Color, muchos de estos manifestantes han quemado vehículos y motos y han generado disturbios.
Durante los incidentes se quemaron varios vehículos aparcados en la zona. La Policía reportó varios efectivos heridos, de poca consideración, tras los enfrentamientos en el área, que quedó despejada tras la intervención policial.
Algunos portavoces policiales informaron a los medios que un grupo de personas intentó derribar la valla que protege la entrada del Congreso y después lanzaron piedras a los agentes desplegados.
En las inmediaciones del Congreso acampan desde días atrás indígenas que se oponen al proyecto, repudiado a su vez por las principales organizaciones campesinas del país.
(Con información de Europa Press y EFE)
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