Defensoría del Pueblo de Colombia pide ampliar la atención a damnificados por el terremoto

Bogotá, 10 oct (EFE).- La Defensoría del Pueblo de Colombia pidió al Gobierno ampliar la atención a los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto, que dejó 335 muertos y afectó a 500 municipios de 16 departamentos, al cumplirse este sábado dos meses de la emergencia.

El organismo solicitó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reabrir el registro de afectados y ampliar la asistencia en los municipios golpeados por el sismo, al advertir de que persisten barreras que impiden a algunas personas acceder a la ayuda institucional.

"La recuperación debe contemplar soluciones de vivienda, acceso a salud, educación y medios de vida", señaló la Defensoría en un pronunciamiento en el que también reclamó mecanismos de participación comunitaria y transparencia en el uso de los recursos destinados a atender la emergencia.

El terremoto del 10 de agosto causó 335 muertes, dejó 4.516 heridos y 103 desaparecidos, y afectó a 489.862 personas de 305.791 familias en 500 municipios de 16 departamentos, según el más reciente balance oficial.

La entidad advirtió de que los desastres profundizan las desigualdades preexistentes, especialmente entre las comunidades rurales y urbanas que afrontan mayores condiciones de vulnerabilidad, y sostuvo que la recuperación debe garantizar los derechos de todas las personas afectadas.

Además de la asistencia inmediata, la Defensoría instó a incorporar la gestión del riesgo en los instrumentos de ordenamiento territorial y en las decisiones de desarrollo de los municipios, identificar las zonas amenazadas y adoptar medidas de adaptación al cambio climático.

"La respuesta institucional no puede limitarse a actuar cuando la emergencia ya ha ocurrido", afirmó el organismo, que considera necesario fortalecer la planificación y la prevención para reducir la exposición de las comunidades a futuros desastres.

La institución también pidió avanzar en un marco normativo y protocolos que protejan los derechos de las personas obligadas a desplazarse por desastres o por los efectos de la crisis climática, así como de aquellas que no pueden abandonar las zonas afectadas o necesitan ser reubicadas.

Esas medidas, agregó, deben garantizar condiciones dignas de evacuación y alojamiento temporal, además de facilitar el retorno o la reubicación planificada, con acceso a servicios básicos e información oportuna. EFE