Un tribunal ratifica la absolución del expresidente Yoon Suk Yeol en un caso por supuesto perjurio

Un tribunal de Corea del Sur ha ratificado este miércoles la absolución del expresidente Yoon Suk Yeol en un caso por supuesto perjurio durante el juicio celebrado contra el antiguo primer ministro Han Duck Soo en el marco de la polémica ley marcial impuesta por el mandatario en diciembre de 2024, retirada poco después y que derivó en su salida del cargo.

El Tribunal Superior de Seúl ha confirmado así la absolución dictada en mayo por un tribunal de primera instancia, que descartó que el exmandatario hubiera presentado falso testimonio durante el juicio contra Han, cuando dijo que tenía la intención de convocar una reunión del Gabinete antes de declarar la ley marcial el 3 de diciembre de 2024.

"Es difícil creer que el acusado, dada su posición y experiencia, no supiera que una declaración de ley marcial debía estar precedida por deliberaciones en una reunión del Gabinete", ha señalado. "De hecho, probablemente intentó cumplir los requisitos mínimos para declarar la ley marcial", ha agregado, según ha recogido la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

La Fiscalía había imputado a Yoon argumentando que inicialmente había convocado a su despacho únicamente a seis miembros del Gobierno, pero que posteriormente cambió de opinión a sugerencia de Han para poder contar con el quorum necesario para una reunión plenaria, una opción descartada por el tribunal, que considera que esa pudo ser la intención inicial del expresidente.

El fallo llega menos de una semana después de que Yoon fuera absuelto en otro juicio por presunto abuso de poder en torno a una presunta ayuda al exministro de Defensa Lee Jong Sup a evitar una investigación al nombrarlo en 2023 embajador ante Australia.

Yoon, que se encuentra encarcelado, ha hecho frente a una batería de procesos judiciales desde su intento fallido de imponer la ley marcial en 2024, que han derivado en su condena a cadena perpetua por "insurrección".

La ley marcial impuesta en diciembre de 2024 fue anulada varias horas después por la Asamblea Nacional, que aprobó una resolución exigiendo su retirada. En las semanas siguientes, los diputados votaron a favor de destituir al presidente y, en abril de 2025, fue finalmente cesado después de que el Tribunal Constitucional confirmara el proceso de juicio político contra él.