El FMI da 120,5 millones a El Salvador tras alcanzar un acuerdo de revisión de su programa financiero

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno de El Salvador han alcanzado un acuerdo a nivel técnico sobre la segunda y tercera revisión combinada del Servicio Ampliado del FMI (SAF) para el país centroamericano, por el cual obtendrá unos 140 millones de dólares (120,5 millones de euros).

El organismo ha explicado este viernes a través de un comunicado que el pacto aún requiere de la aprobación formal de su directorio ejecutivo, así como el cumplimiento de las medidas previamente asumidas por ambas partes. El SAF salvadoreño está provisto de unos 1.400 millones de dólares (1.205 millones de euros) en total.

El FMI ha detallado que la consolidación fiscal de El Salvador se profundizará mediante la contención del gasto y mejoras en la administración de los ingresos para generar margen presupuestario para programas sociales e infraestructuras prioritarias.

"La economía de El Salvador sigue mostrando un buen comportamiento. El crecimiento del PIB real superó las expectativas en 2025 y se prevé que alcance el 4,5% en 2026, impulsado por la fuerte inversión y el consumo privado, junto con las sólidas remesas, el turismo y las entradas de capital", ha explicado el FMI.

"Esta dinámica se ha visto respaldada por nuevas mejoras en materia de seguridad y por una mayor confianza de los inversores, como consecuencia de la aplicación de políticas macroeconómicas prudentes destinadas a reforzar los amortiguadores fiscales y externos", ha completado.

En este sentido, el FMI ha destacado que el programa también está reduciendo "significativamente" la pobreza gracias a la mejora de la eficiencia de los servicios públicos salvadoreños.

El plan para la nación centroamericana anticipa una mayor consolidación fiscal, con una previsión de superávit primario del sector público no financiero que subirá del 2,9% del PIB este año al el 3,7% del PIB en 2027. La Ley de Responsabilidad Fiscal ha fijado la meta de bajar la deuda pública al 80% del PIB para el año 2030.

De forma paralela, el Ejecutivo salvadoreño prepara una reforma de la Función Pública y aspira a aprobar en 2027 una reforma paramétrica de pensiones en consonancia con las directrices del FMI.

También se han acordado medidas de transparencia y gobernanza después de que la participación pública en el monedero electrónico 'Chivo' se recortase sustancialmente con el traspaso del control operativo y la mayor parte de su propiedad y a una entidad privada, conservando el Estado una posición minoritaria y la custodia de activos.

Asimismo, El Salvador ha aportado la documentación acreditativa que verifica que la acumulación de bitcoins registrada desde la primera revisión procede de donaciones privadas y no de fondos públicos, al tiempo que no se contempla ninguna adquisición adicional de esta criptomoneda al margen de las operaciones documentadas.