La JEP imputa a 27 antiguos comandantes de las FARC por crímenes de guerra y lesa humanidad en Colombia

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) --que investiga y juzga los delitos más graves en el conflicto armado colombiano hasta diciembre de 2016-- ha imputado este martes crímenes de guerra y lesa humanidad a 27 antiguos comandantes de los extintos bloques Sur y Oriental de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), tras haberlos encontrado "máximos responsables" de delitos acometidos durante el conflicto armado en el país, como desapariciones forzadas, masacres, homicidios, atentados, desplazamientos forzados, tortura o violencia sexual.

"Por décadas, estos crímenes permanecieron en la impunidad. En la justicia ordinaria, el 97% de estos hechos no llegaron a juicio, y cerca del 90% de las investigaciones penales no superaron la etapa preliminar", ha indicado la JEP en un comunicado en el cual ha señalado que, de este modo, se busca esclarecer las responsabilidades por los crímenes acometidos por la antigua guerrilla en territorios olvidados de Colombia.

Concretamente, la decisión abarca hechos acaecidos en la cordillera Oriental, la Orinoquía y la Amazonía, esto es, los departamentos de Arauca, Casanare, Cundinamarca, Meta, Guaviare, Vichada, Vaupés, Guainía, Caquetá y Putumayo, así como partes de Nariño, Cauca, Huila, Boyacá y Amazonas.

Entre los 27 imputados se encuentran cuatro exintegrantes del último Secretariado de las FARC-EP que ostentaron el mando en los antiguos bloques Oriental o Sur: Rodrigo Londoño, también conocido como 'Timochenko', hoy presidente del Partido Comunes --fundado por excombatientes de la guerrilla--; Julián Gallo, alias 'Carlos Antonio Lozada'; Jaime Alberto Parra, alias 'Mauricio Jaramillo' o 'El Médico', y Milton de Jesús Toncel, alias 'Joaquín Gómez'.

CRÍMENES NO AMNISTIABLES Y VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO

De los once macrocasos sobre los cuales la JEP trabaja en aras de investigar, esclarecer y sancionar a los máximos responsables de los hechos más graves del conflicto armado, contando con una participación activa de las víctimas en el proceso, las imputaciones anunciadas este martes se corresponden con los números 10 y 11.

Los mismos están relacionados con crímenes no amnistiables acometidos por las extintas FARC-EP durante el conflicto armado --macrocaso 10-- y con la violencia basada en género, violencia sexual, reproductiva y otros crímenes basados en la orientación sexual --macrocaso 11--.

Cabe destacar que esta es la primera imputación del Caso 10 de la JEP, donde son investigados los crímenes más graves y representativos cometidos por la antigua guerrilla que no se abordan en otros macrocasos de la Jurisdicción.

También de la primera imputación conjunta con el Caso 11 que investiga delitos de violencia de género y sexual a manos de integrantes de las FARC-EP contra población civil, como la toma de Puerto Rico, en el departamento del Meta, en 1999, cuando un grupo de guerrilleros agredió sexualmente a una decena de mujeres, entre ellas una niña de 13 años.

"Estos comparecientes fueron imputados después de una rigurosa investigación que tuvo en cuenta los relatos de 2.436 víctimas acreditadas que los señalan como responsables de lo que sufrieron", ha subrayado el tribunal identificando entre ellas a damnificados olvidados como campesinos, docentes, líderes comunales, comunidades de fe, mujeres y también víctimas militares y policiales.

Esta decisión aborda, a su vez, hechos que "marcaron la historia reciente del país", como el atentado en el Club El Nogal, perpetrado en Bogotá el 7 de febrero de 2003 dejando 36 muertos y 198 heridos; la casa bomba en Neiva o los asesinatos de figuras nacionales como el excandidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado y sus escoltas el 2 de noviembre de 1995.

¿CÓMO SIGUE EL PROCESO?

Notificados los 27 imputados, los mismos dispondrán de 30 días hábiles para reconocer por escrito los hechos y su responsabilidad, o bien rechazarlos. No obstante, si los comparecientes niegan su responsabilidad, su caso podría ser trasladado a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), la cual actúa como fiscalía de la JEP, pudiendo el proceso terminar en un juicio similar a los propios de la justicia ordinaria, en el cual si son hallados responsables de los crímenes, podrían pagar penas de hasta 20 años de cárcel.

"Esta Jurisdicción espera que los comparecientes cumplan con sus obligaciones de aportar verdad y de reparar a las víctimas. Para eso, les ordena ampliar la información sobre hechos concretos imputados", ha indicado la misma señalando que si se reconoce la responsabilidad y hay "aportes de verdad" la JEP convocará una Audiencia de Reconocimiento de Verdad donde los imputados "darán la cara" a Justicia, víctimas y país.

Posteriormente, la Sala de Reconocimiento de Verdad emitirá una Resolución de Conclusiones que traslada el proceso a la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal de Paz. Ahí serán incluidos los nombres de quienes hayan aportado verdad, reconocido su responsabilidad y sean considerados candidatos para la imposición de sanciones restaurativas, las cuales serán consultadas con las víctimas, tendrán un "enfoque reparador" e incluirán "restricciones efectivas de libertad y otros derechos sin cárcel".