Buenos Aires, 4 ago (EFE).- El portavoz del Gobierno de Javier Milei, Adrián Ravier, defendió este martes que el decreto presidencial que ha desencadenado una huelga de los trabajadores de los puertos argentinos busca mejorar la competencia y bajar "costos" logísticos al sector exportador.
"El Gobierno está intentando bajar el costo argentino. Argentina en esta materia tiene un costo elevado comparativamente con otros países. ¿Cómo se resuelve esto? Se resuelve con competencia", expresó Ravier en una rueda de prensa.
El vocero respondió así a los periodistas sobre la norma aprobada el viernes pasado y que plantea una desregulación del trabajo de los prácticos, capitanes expertos en guiar al capitán principal de la nave en su entrada a puertos o cursos fluviales en zonas complejas, quienes están en huelga desde el 1 de agosto.
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Estos trabajadores del sector de la navegación, que no están organizados en ningún sindicato, dispusieron un cese de tareas colectivo, lo que ha provocado que más de 100 barcos estén fondeados frente a los principales puertos argentinos, desde donde parten las exportaciones de productos de la agroindustria y el sector energético, principales motores de la economía nacional.
Ravier puntualizó que el objetivo del decreto es "permitir que, en este caso del practicaje, puedan entrar nuevos jugadores, eventualmente, con precios más competitivos".
Sobre los trabajadores que llevan adelante la huelga, agregó que hay quienes no desean "la entrada de competidores" y eso, a su juicio, "perjudica la logística".
El portavoz de Milei definió el practicaje como un "servicio esencial", por lo que esos profesionales "tienen la obligación de sostenerlo", al anunciar que podrían pesar sanciones.
El Boletín Oficial del Gobierno publicó este martes un edicto de la Prefectura Naval de Argentina, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, en el que esta institución, "en su carácter de autoridad con responsabilidad operativa y disciplinaria", ordena la vuelta al trabajo de los prácticos.
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"La realización de cualquier acción tendiente a facilitar una medida de fuerza destinada a interrumpir el servicio de practicaje/ pilotaje podrá quedar captada en las previsiones del Código Penal", afirma la autoridad portuaria argentina en la publicación.
El nuevo régimen de practicaje, creado por impulso del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, permite que, además de los prácticos profesionales argentinos, otras personas -incluidos capitanes extranjeros- presten ese servicio y fija tarifas máximas.
Los profesionales afirman que el nuevo reglamento "condiciona y oprime" el ejercicio de sus tareas y reclaman la anulación del decreto.
La protesta afecta también a las empresas distribuidoras de combustibles, que utilizan el transporte naval, y se desarrolla tanto en puertos marítimos como fluviales, como el de Rosario, ciudad bañada por el río Paraná y por donde se mueven mercancías no sólo argentinas, sino también de Paraguay. EFE
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