
Sumar ha confirmado este miércoles que el decreto ley prometido en materia de vivienda para este verano incluirá la prórroga automática de los contratos de alquiler hasta 2028, lo que podría beneficiar a cerca de cuatro millones de personas, y negociará medidas antidesahucios para personas vulnerables con los grupos parlamentarios.
Después de que el Congreso tumbara un decreto ley que tenía este mismo objetivo, los plurinacionales prometieron llevar a cabo un nuevo texto con esta medida y otras, como bonificaciones fiscales a caseros, para convencer a Junts, formación que en un primer momento votó en contra de la prórroga de los alquileres.
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El grupo prometió aprobarlo antes de que acabara el verano y este miércoles ha avanzado parte del contenido del texto, aunque de momento no han comentado nada sobre las bonificaciones fiscales a los propietarios de inmuebles, medida que si finalmente se incluye Podemos ya ha dicho que no votará a favor.
PRÓRROGA EXTRAORDINARIA DE DOS AÑOS
En concreto, fuentes de Sumar han señalado que en el texto se ha logrado incluir una nueva prórroga extraordinaria de hasta dos años de los contratos de alquiler.
Esta prórroga reforzada podrán solicitarla aquellos inquilinos cuyos contratos vencen hasta el 30 de junio de 2028, lo que amplía en casi un millón de personas las potenciales beneficiarias de esta medida. Según Sumar, en total (desde el 21 de marzo del 2026 hasta el 30 de junio del 2028) podrán beneficiarse de la prórroga casi cuatro millones de personas y un millón y medio de hogares.
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El texto también incluye otras medidas ya anunciadas, como la regulación del alquiler de temporada y habitaciones para acabar con el uso fraudulento de estos alquileres como vía de elusión del régimen del alquiler de vivienda habitual y de los límites de precios en las zonas tensionadas.
Y también un aumento de la tributación de los pisos turísticos hasta el 21% del IVA y un endurecimiento del régimen sancionador sobre su publicidad en plataformas, medidas enfocadas a desincentivar el alquiler turístico.
El nuevo decreto ley incluirá una propuesta a negociar con los grupos parlamentarios sobre medidas para proteger a las familias en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de evitar los desahucios y de que ninguna quede sin alternativa habitacional.
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