ONG demandan a la Administración Trump por violar la Constitución de EEUU por las sanciones al TPI

Dos organizaciones de Derechos Humanos han demandado este miércoles al Gobierno de Estados Unidos por violar la Constitución norteamericana, argumentando que la orden ejecutiva del presidente, Donald Trump, que permite imponer sanciones contra aquellos que trabajen o apoyen al Tribunal Penal Internacional (TPI) coarta los derechos de los ciudadanos estadounidenses consagrados en la Primera Enmienda.

Las ONG Dawn y Taag han presentado una demanda ante un tribunal federal de Manhattan, alegando que las sanciones impiden a los estadounidenses "buscar justicia" ante el TPI sobre la causa palestina y colaborar con defensores de Derechos Humanos que han sido sancionados por ayudar o pedir investigaciones por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio en Cisjordania y Gaza.

"La Administración Trump está utilizando la burda herramienta de las sanciones económicas no solo para castigar a los defensores de los Derechos Humanos, sino también para reprimir la expresión política de millones de estadounidenses, ha señalado el director ejecutivo de Dawn, Omar Shakir, en un comunicado.

En concreto, la demanda apunta a que las sanciones violan la Primera Enmienda de la Constitución al coartar la libertad de expresión de los estadounidenses ante los tribunales internacionales u otro tipo de defensores de Derechos Humanos extranjeros.

Asimismo, argumentan que la orden excede la autoridad legal conferida al presidente por la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que prohíbe al mandatario utilizar sanciones para restringir "comunicaciones personales" o la transmisión de "información o materiales informativos".

La demanda solicita así una orden que impida a la Administración Trump utilizar dicha medida ejecutiva para obtaculizar los intentos de los ciudadanos estadounidenses de apoyar investigaciones sobre abusos cometidos por Estados Unidos e Israel contra el territorio palestino o de colaborar con defensores de Derechos Humanos.

"El Congreso incorporó salvaguardias a la ley para evitar que se utilizara como un instrumento coercitivo para silenciar puntos de vista que el gobierno considera desfavorables, y la Administración Trump ha ignorado por completo esas restricciones", ha apuntado el abogado de los demandantes, Joseph Pace, del bufete J. Pace Law, PLLC.

Las organizaciones han alertado de que podrían enfrentarse a cargos civiles y penales si realizan sus actividades habituales de defensa y promoción de los Derechos Humanos, ya que han colaborado en la elaboración de informes para el TPI que documentase crímenes de guerra israelíes en Cisjordania y Gaza, además de trabajar con ONG palestinas sancionadas y con la relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese.

"Ante esta amenaza, Dawn y Taag, al igual que muchos estadounidenses, se han visto obligados a autocensurarse", han señalado, afirmando que muchas ONG han suspendido sus actividades relacionadas con el TPI y se han visto obligadas a romper vínculos con grupos palestinos de Derechos Humanos y con Albanese.

Ambas organizaciones argumentan en la demanda --dirigida contra Trump, contra el secretario de Estado, Marco Rubio, y el fiscal general interino, Todd Blanche, entre otros-- que reprimir la libertad de expresión de los estadounidenses al respecto no impedirá que los fiscales del TPI sigan adelante con sus propias investigaciones.

El pasado mes de junio, tres jueces en ejercicio del TPI presentaron una demanda ante un tribunal de Nueva York para impugnar la legalidad de la orden ejecutiva, pidiendo una medida cautelar a su favor tras ser sancionados en el marco de sus investigaciones por presuntos crímenes en Afganistán y Palestina.