
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha conmemorado este miércoles el décimo aniversario del fallido golpe de Estado que tuvo lugar el 15 de julio de 2016, cuando el Ejército salió a la calle y varios cazas bombardearon la Asamblea Nacional turca y el complejo presidencial, y ha reivindicado la lucha de la población "por la independencia y el futuro" del país.
Para el jefe de Estado, que instó aquella noche a un país entero a abandonar sus casas y hacer frente a los golpistas, aquel momento fue "definitorio" para la "historia de la Turquía moderna", tal y como ha expresado en un artículo publicado en varios medios de comunicación turcos.
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Así, ha lamentado que aquella intentona "tenía como objetivo no solo la caída del Gobierno sino también atacar la voluntad democrática y la independencia del país". "El 15 de julio no solo fue una noche en la que se llevó a cabo un intento de golpe de Estado que resultó fallido, sino también una victoria para la democracia", ha añadido.
En este sentido, ha aplaudido la respuesta el pueblo turco, con un "espíritu similar al que caracterizó la Guerra de Independencia del país, y ha cifrado en 253 los muertos y en más de 2.000 los heridos durante aquella "jornada de resistencia". "Mi llamamiento a la población se vio secundada con la confianza del pueblo en el coraje y la sabiduría democrática", ha aclarado.
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Al hacer alusión a la última década, Erdogan ha destacado la campaña puesta en marcha por las autoridades contra el movimiento Hizmet, fundado por el clérigo islamista Fetulá Gulen, fallecido en octubre de 2024 en Estados Unidos, donde se encontraba exiliado. El Gobierno, que lo llama FETO (Organización Terrorista de Fetulá) lo considera una organización terrorista a nivel nacional e internacional.
"Hemos erradicado el FETO desde todos sus sectores, desde la burocracia, pasando por el Ejército y el sistema judicial, además del mundo empresarial", ha explicado el presidente, que ha incidido en que "esta lucha no ha terminado de momento". "La única forma de evitar que el grupo y otras organizaciones clandestinas se infiltren de nuevo en el Estado es mantener vivo el espíritu del 15 de julio y traspasar esta perspicacia a las generaciones futuras.
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Para Erdogan, no obstante, Turquía "se ha levantado más fuerte que nunca durante los últimos diez años". "Seguimos luchando contra todas estas organizaciones con la misma determinación. Ahora somos más fuertes y contamos con una mayor resolución, con unidad", ha apuntado.
"Mientras este espíritu siga vivo, nadie debe dudar de los planes de los traidores y de los juegos sucios de las grandes mentes que se encuentran detrás pero que nunca tendrán éxito", ha aclarado, antes de rendir tributo a los fallecidos durante aquel fallido golpe de Estado.
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GULEN Y SU MOVIMIENTO
El Gobierno sigue manteniendo que era el influyente clérigo y su movimiento el que estaba detrás de la intentona. Erdogan y Gulen eran aliados políticos hasta que la Policía y la Fiscalía, supuestos simpatizantes del clérigo, según el Gobierno turco, abrieron una investigación sobre corrupción en 2013 contra varios altos cargos del Ejecutivo.
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Erdogan consideraba entonces que en el Ejército y otras instituciones estatales había infiltrados de la red de Gulen, que negó en numerosas ocasiones antes de que muerte su participación en el golpe y que desde 1999 vivía en el estado norteamericano de Pensilvania.
El mandatario turco ha venido acusando al clérigo y sus seguidores de conspirar y erigir un Estado paralelo para derrocar al Gobierno con ayuda de la Policía y medios simpatizantes e inició una fuerte campaña de arrestos que se recrudeció tras el intento de asonada.
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El alcance de la persecución de las personas supuestamente vinculadas con la intentona ha alarmado a las organizaciones de Derechos Humanos y a aliados occidentales de Turquía, que han acusado a Erdogan de haber puesto en marcha una purga para acabar con todos los críticos con su gestión.
Durante los primeros años tras la intentona, más de 23.000 personas fueron expulsadas de las Fuerzas Armadas. Además, miles de jueces y fiscales han sido cesados desde entonces. Además, más de 130.000 funcionarios fueron destituidos, entre ellos profesores y agentes de Policía por mantener presuntos vínculos con la red de Gulen.
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