Bruselas expedienta a España por no transponer la ley europea contra delitos medioambientales

La Comisión Europea ha anunciado este miércoles el inicio de un procedimiento de infracción contra España por no haber trasladado plenamente a su legislación nacional de la nueva ley europea contra delitos medioambientales, que los países de la Unión debían aplicar a más tardar desde el pasado mes de mayo.

El expediente sancionador arranca con el envío de una carta de emplazamiento en la que el Ejecutivo comunitario traslada al país el incumplimiento y le da un plazo de dos meses para notificar las medidas previstas para enmendar la situación.

En caso de que la respuesta no satisfaga a los servicios comunitarios, Bruselas podrá dar el segundo fase en el expediente, que pasa por el envío de un dictamen motivado para dar más tiempo al diálogo, antes de decidir si eleva el casto ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para denunciar el incumplimiento y solicitar una multa contra el Estado miembro.

En este caso, la Comisión Europea ha constatado retraso en la implementación de la directiva en un total de 23 Estados miembro, a los que ha mandado a todos ellos cartas de emplazamiento para notificarles que se les ha incoado un procedimiento de infracción.

Según argumenta Bruselas en un comunicado, los delitos medioambientales causan daños significativos no sólo al medio ambiente, sino también a la salud de los ciudadanos y la economía, tanto en la UE como a nivel mundial.

A nivel global, constituyen la cuarta actividad delictiva organizada más importante, con pérdidas anuales estimadas entre 80.000 y 230.000 millones de euros.

La Directiva establece una lista actualizada de delitos medioambientales graves con sanciones más severas para las infracciones de la legislación medioambiental que provoquen daños graves, generalizados y sustanciales al medio ambiente.