La Sanidad británica no tenía protección adecuada cuando estalló la pandemia, dice informe

Londres, 14 jul (EFE).- Los médicos y personal de enfermería del Reino Unido no contaban con el equipo de protección individual (EPI) adecuado cuando estalló la pandemia y se malgastaron unos 10.000 millones de libras (11.700 millones de euros) en la carrera para comprarlo, señaló este martes una investigación sobre la covid-19.

El personal sanitario afrontó la pandemia con sus reservas de mascarillas, batas y guantes en una situación "precaria", y el país "simplemente no estaba preparado para competir" en la carrera mundial por conseguir nuevos suministros.

De los 14.900 millones de libras (17.433 millones de euros) que el gobierno destinó a los EPI, cerca de 10.000 millones de euros se malgastaron, determinó el informe.

La presidenta de la investigación, Heather Hallett, dijo hoy al presentar sus conclusiones que "el despilfarro del dinero de los contribuyentes fue enorme". "La ciudadanía debe poder confiar en que su dinero se gasta con corrección, equidad y transparencia", afirmó.

"La confianza pública, tan importante en una situación de emergencia, se vio socavada por los fallos en la contratación", agregó.

Las reservas existentes de EPI se encontraban en un "estado precario" y contenían grandes cantidades de material caducado.

Hallett determinó que solo un tercio de las mascarillas almacenadas en Inglaterra antes de la pandemia se podían utilizar, mientras que Escocia carecía de existencias de las mascarillas de máxima protección que requerían los profesionales sanitarios.

El informe describe, además, un sistema de contratación que operaba bajo una "inmensa presión" pues se carecía de un mecanismo eficaz para seleccionar las ofertas del material de protección personal.

Dicho sistema se vio "inundado" de ofertas después de que el entonces primer ministro británico conservador Boris Johnson y el extitular de Sanidad Matt Hancock hicieran un "llamamiento urgente" para conseguir este material en abril de 2020.

Las reservas de emergencia de equipos de protección individual, diseñadas para durar al menos 15 semanas antes de requerir reposición, se estaban agotando a finales de marzo de 2020 debido al fuerte aumento de la demanda por parte de los hospitales.

En este contexto, los funcionarios establecieron un canal de "alta prioridad", que daba preferencia a las ofertas remitidas por políticos, líderes del sector sanitario y otras personas influyentes.

Hallett aclaró, no obstante, que su investigación no encontró "pruebas de amiguismo o corrupción por parte de ministros o funcionarios en la decisión final de adjudicar o rechazar un contrato", pero observó que el sistema estaba "intrínsecamente sesgado a favor de quienes tenían conexiones con el Gobierno del Reino Unido".

"Esto aumentó el riesgo de abusos, perjudicó la reputación de los responsables de la contratación durante la pandemia y socavó la confianza pública en el sistema de contratación de emergencia del Reino Unido, en el propio Gobierno y en su respuesta a la pandemia", puntualizó Hallett.

En el Reino Unido, más de 200.000 personas murieron por la pandemia de covid. EFE