La UE sanciona a la red social rusa VK y otras cuatro empresas por vigilancia masiva de la población

Los Veintisiete han decidido este lunes imponer sanciones a cuatro personas físicas y cinco entidades responsables de graves violaciones de Derechos Humanos en Rusia, entre ellas la red social VK (VKontakte) y su filial Communication Platform, por su papel en el desarrollo de tecnología de vigilancia masiva utilizada para reprimir a la sociedad civil y a la oposición democrática rusas.

Las nuevas sanciones se centran especialmente en el uso continuado por parte de Rusia de tecnologías para restringir la libertad de expresión, el acceso a la información y la libertad de asociación, según ha explicado el Consejo (los gobiernos) en un comunicado.

Entre los sancionados figura VK, responsable del desarrollo y gestión de la aplicación móvil Max, supervisada por el servicio de seguridad ruso FSB, que viene preinstalada en todos los dispositivos móviles vendidos en Rusia e incluye funciones de vigilancia utilizadas posteriormente para acciones represivas contra usuarios críticos con la invasión rusa de Ucrania.

La UE también ha sancionado a las empresas Citadel, VAS Experts y Norsi-Trans, dedicadas a la fabricación, desarrollo y venta de hardware y software vinculados al Sistema de Medidas Operativas de Investigación (SORM, por sus siglas en ruso), un sistema de vigilancia empleado para controlar las comunicaciones por Internet y telefonía en Rusia y con el que se vigila a periodistas, opositores, minorías y ciudadanos.

Las otras cuatro personas sancionadas ocupan puestos directivos en estas compañías y, por lo tanto, "son responsables" de apoyar "graves abusos" contra los Derechos Humanos y de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Rusia.

Con la decisión de este lunes, la UE ha elevado a 98 el número de personas y a siete el de entidades incluidas en este régimen de sanciones, en vigor desde marzo de 2024 tras la muerte del opositor ruso Alexei Navalni.

Todos los sancionados están sujetos a la congelación de activos y a la prohibición de que ciudadanos y empresas de la UE pongan fondos a su disposición, mientras que las personas físicas también tienen prohibida la entrada o el tránsito por territorio comunitario.