IU pide al Gobierno que niegue la entrega a EEUU de un millonario activista propalestino si ve riesgo para sus derechos

Izquierda Unida (IU) ha pedido al Gobierno que, en el supuesto de que los órganos judiciales españoles acuerden finalmente la extradición del activista estadounidense James 'Fergie' Cox Chambers, ejerza las competencias que le atribuye la ley para denegar su entrega a Estados Unidos si aprecia un riesgo de vulneración de derechos fundamentales o alguna de las causas legales que impiden la extradición.

Todos los diputados de IU, que están adscritos al grupo de Sumar en el Congreso, encabezados por su portavoz, Enrique Santiago, han registrado una batería de preguntas dirigidas al Ejecutivo después de que Chambers fuera detenido el pasado viernes 10 de julio en Ibiza a raíz de una solicitud de extradición de Estados Unidos en cumplimiento de una orden internacional de arresto.

Aunque aún se desconocen los motivos de la detención, el partido dirigido por Antonio Maíllo lo asocia a su apoyo político y económico a la causa palestina. Según apuntan, Chambers recibió en 2023 unos 250 millones de dólares tras vender la participación que había heredado en Cox Enterprises. Una parte la habría donado a proyectos humanitarios en Gaza y a financiar organizaciones activistas y medios de comunicación propalestinos.

Izquierda Unida sostiene que la acusación del Departamento de Justicia estadounidense contra el activista se basaría únicamente en la transferencia de fondos propios a Túnez, país donde residía y donde él y sus actividades empresariales patrocinaron al Club Africain.

HASTA 30 AÑOS DE PRISIÓN

De esta forma, Chambers se enfrentaría a cargos federales que podrían conllevar una pena de hasta 30 años de prisión. Al día siguiente de su detención, el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional denegó su solicitud de libertad bajo fianza, por lo que permanece en prisión, aunque el auto sobre su situación personal ha sido recurrido.

En la iniciativa parlamentaria, a la que ha tenido acceso Europa Press, IU pregunta al Gobierno qué valoración hace de la petición formulada por las autoridades estadounidenses y de las alegaciones según las cuales podría estar motivada, total o parcialmente, por razones políticas relacionadas con el apoyo de Chambers a la causa palestina.

La formación sitúa la detención en un "contexto de creciente represión" de la Administración de Donald Trump contra el movimiento de solidaridad con Palestina y de protestas en territorio estadounidense, así como de tensión entre el presidente norteamericano y de su homólogo español, Pedro Sánchez, por las críticas de este último a la actuación de Israel en Gaza.

LA LEY LO AVALARÍA

En este contexto, recuerda que el artículo 4 de la Ley de Extradición Pasiva establece que no se concederá una entrega por delitos de carácter político ni cuando el Estado requirente no garantice que la persona reclamada no será ejecutada o sometida a penas que atenten contra su integridad corporal o a tratos inhumanos o degradantes.

También alude al artículo 5, que permite denegar la extradición cuando existan razones fundadas para creer que una solicitud por un delito común pretende perseguir o castigar a una persona por consideraciones de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, o que su situación pueda agravarse por esos motivos.

La iniciativa subraya asimismo que, conforme al artículo 6, una resolución judicial que declare procedente una extradición no resulta vinculante para el Gobierno, que puede denegarla en el ejercicio de la soberanía nacional atendiendo al principio de reciprocidad o a razones de seguridad, orden público u otros intereses esenciales para España.

RIESGO DE TORTURA Y TRATO DEGRADANTE

Por ello, IU pregunta al Ejecutivo qué criterios aplica para valorar el riesgo de tortura, de tratos o penas inhumanos o degradantes, de imposición de condenas incompatibles con los estándares europeos de derechos humanos o de una posible persecución por motivos políticos.

Finalmente, reclama saber si el Gobierno considera que la protección de las libertades de expresión, asociación y participación en actividades de solidaridad internacional debe tenerse en cuenta al analizar solicitudes de extradición presentadas por terceros Estados con intereses opuestos a los defendidos por las personas reclamadas.