El Gobierno francés admite que "la cadena de protección falló" en el 'caso Lyhanna'

París, 22 jun (EFE).- El demoledor informe preliminar sobre el 'caso Lyhanna', la niña de once años violada y asesinada por un presunto violador de menores reincidente, establece una realidad "de extrema gravedad", que "la cadena de protección falló", admitió este lunes el primer ministro francés, Sébastien Lecornu.

El jefe del Ejecutivo hizo esas declaraciones en un extenso mensaje en sus redes sociales tras conocer las graves deficiencias detectadas en la gestión policial y judicial de una denuncia contra Jérôme Barella presentada en agosto de 2025 por la madre de otra menor, de 10 años, identificada como Rosa y que decía haber sufrido unas cincuenta violaciones por parte del padre de sus amigas, según el informe preliminar presentado hoy.

Esa denuncia "no siempre fue tratada con la urgencia, el rigor y la diligencia que exigía", reconoció Lecornu tras recibir las conclusiones iniciales de la investigación administrativa, presentada hoy en rueda de prensa por Stéphane Noël, director de la Inspección General de Justicia (IGJ), y Jean-Michel Gentil, responsable de la Inspección General de la Gendarmería Nacional (IGGN).

En ese documento se señala una cadena de hasta cinco errores policiales y judiciales en el tratamiento del caso de Rosa.

El primer ministro subrayó que el informe no atribuye lo ocurrido a fallos informáticos ni a una falta de recursos, sino a una sucesión de "errores, negligencias, inacciones y malas decisiones" cometidas en distintos niveles de la cadena judicial y de investigación.

"Estos fallos tuvieron consecuencias dramáticas", afirmó.

Según Lecornu, el caso de Rosa se desarrolló además en un contexto en el que numerosas denuncias similares ya acumulan retrasos en su tramitación. Precisamente, para impulsarlos, el Gobierno ordenó este mes reexaminar antes del 14 de julio próximo las 70.000 denuncias de este tipo existentes en Francia.

Lecornu aseguró que el Estado asumirá plenamente sus responsabilidades y descartó cualquier intento de eludirlas. "Los poderes públicos no se desentenderán. Debemos reconocer este fallo, determinar con precisión las responsabilidades y extraer todas las consecuencias, incluidas las individuales", señaló.

No obstante, también pidió evitar una condena generalizada de las instituciones implicadas. Según explicó, la búsqueda de responsabilidades no debe llevar a cuestionar en bloque a la Gendarmería Nacional ni a la Justicia, ni tampoco a los miles de profesionales que desempeñan diariamente labores de protección de la ciudadanía.

El jefe del Ejecutivo anunció, además, que él mismo y varios ministros recibirán próximamente a las familias afectadas en el caso.

Como respuesta a las conclusiones del informe, el Gobierno reforzará el proyecto de ley sobre protección de la infancia para hacer obligatoria la realización de los principales actos de investigación durante los tres primeros meses posteriores a una denuncia por violación de un menor.

Asimismo, el Ejecutivo prevé garantizar que los padres reciban información clara sobre la identidad de los adultos responsables de actividades extraescolares y de ocio en las que participan sus hijos.

Otra de las medidas anunciadas por Lecornu contempla endurecer las penas para los agresores sexuales reincidentes de menores, permitiendo que los autores de violaciones de niños en serie puedan ser condenados a cadena perpetua.

"Deben tomarse decisiones. La protección de los niños no admite ni la inercia, ni las aproximaciones ni el beneficio político", sostuvo Lecornu.

El primer ministro informó también de que solicitará recomendaciones a especialistas del ámbito científico y asociativo para elaborar propuestas basadas en las evidencias, la experiencia profesional y los hechos establecidos por la investigación. Sus conclusiones servirán para impulsar futuras reformas legislativas y administrativas en materia de protección de la infancia.

La violación y asesinato de Lyhanna generó una gran conmoción e indignación en Francia, donde se ha reabierto el debate sobre la eficacia de la respuesta judicial y policial frente a la violencia sexual contra menores. EFE