Ciudad de México, 28 may (EFE).- El senador mexicano Enrique Inzunza, del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), anunció este jueves que solicitó licencia temporal para no participar en las sesiones de la Cámara alta de estos días, en medio de la acusación formal de EE.UU. en su contra por el delito de narcotráfico.
"He decidido que sea mi suplente (...) quien participe en las sesiones de hoy y mañana, para lo cual estoy presentando la solicitud de licencia condigna", publicó el senador en sus redes sociales.
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Inzunza es uno de los funcionarios de Sinaloa (noroeste) cuya detención urgente reclama el Departamento de Justicia estadounidense por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, una acusación que el político ha negado en varias ocasiones al asegurar que son "mendaces" y carecen de "todo sustento".
No obstante, el senador de Morena, mismo partido que el de la presidenta Claudia Sheinbaum, justificó esta petición de licencia ante la "embestida mediática" desplegada por "medios de la derecha".
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"En mi vida de servidor público siempre he sido cabal en el cumplimiento de mis deberes (...) Seguiré las reuniones de comisiones y la del Pleno, apoyando a mi grupo parlamentario con opiniones y argumentos a favor de los dictámenes que son materia de la deliberación", añadió en su cuenta de X.
Según informó, le sustituirá en las votaciones de esta semana su suplente, Omar López Campos, quien ejerce como secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable en el Gobierno de Sinaloa.
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Con esta decisión Inzunza se une a la decisión de otros políticos sinaloenses de separarse temporalmente de cargo, como el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, o el alcalde de la capital (Culiacán), Juan de Dios Gámez.
Por el momento, el Gobierno de México rechaza la petición de detención urgente de EE.UU contra los diez funcionarios señalados, al subrayar que todavía no se han presentado pruebas que justifiquen la urgencia de la medida.
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Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) citó esta semana a declarar como testigos a Rocha Moya o a Inzunza, quienes destacaron su compromiso con las instituciones mexicanas al tiempo que insistieron en su inocencia.
Este caso provocó un aumento de las tensiones entre Ciudad de México y Washington después de que dos de esos funcionarios acusados se entregasen a las autoridades estadounidenses, lo que alimentó los rumores de un acuerdo de colaboración con la Justicia del país vecino.
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