Lima, 28 may (EFE).- El equipo económico del candidato presidencial peruano Roberto Sánchez, del partido izquierdista Juntos por el Perú (JP), afirmó este jueves que se han unido expertos y miembros de distintas agrupaciones para hacer frente a su oponente, la derechista Keiko Fujimori, quien ha afirmado que gobernará como su padre, Alberto Fujimori (1990-2000).
"Queremos un país democrático, no queremos el riesgo de una nueva, una segunda dictadura, y eso implica una amplia conjunción de fuerzas que es la realidad que nos ha dado la primera vuelta, que se expresa políticamente y socialmente en el Perú", dijo Pedro Francke, el jefe del equipo económico de JP.
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En una reunión con la Asociación de la Prensa Extranjera (APEP), el equipo técnico de Sánchez expuso que, a menos de dos semanas de las elecciones, están buscando formar una amplia coalición que sigue con las puertas abiertas al sentir una responsabilidad política ante la posibilidad de que gane el fujimorismo.
Francke sostuvo que Keiko Fujimori ya está gobernando y que, según analistas políticos, "está clarísimo que está acumulando poder", pues aseguró que tiene el control del Congreso, pero también de la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía.
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"Keiko Fujimori dice 'yo voy a hacer un Gobierno como el de mi padre'. El Gobierno que apoyó al Grupo Colina (grupo militar que actuaba encubierto y que cometió una serie de matanzas en el Gobierno de Alberto Fujimori), ¿ese es el gobierno que queremos? ¿el que compró a la prensa, que fue una dictadura?", agregó Francke, que será el ministro de Economía si gana Sánchez.
Del mismo modo, el secretario general de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, expresó que el objetivo del partido no es ganar las elecciones, sino gobernar, y para ello, necesitan llegar a acuerdos con distintos partidos.
"Hemos entendido, como lo ha reconocido el mismo Roberto Sánchez, que estas alturas de las circunstancias merecen un sinceramiento y un esfuerzo de diálogo mayor con las otras organizaciones políticas que forman ya parte del Congreso", dijo Zunini en relación al apoyo que han recibido del partido de centroizquierda Ahora Nación y también de Obras.
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El programa económico que el equipo de Juntos por el Perú presenta en las últimas semanas ha sido cuestionado al tener una postura ubicada más al centro y diferir con lo que Sánchez ha defendido en la campaña electoral de la primera vuelta.
Al respecto, la exministra e integrante del equipo de JP Anahí Durand expresó que en este planteamiento económico "no hay contradicciones", sino que existe la línea de continuidad de buscar mayor justicia social en la que han alcanzando consensos.
"Creo que no hay un gran viraje. Lo que hay sí es un esfuerzo de articulación, obviamente, para crear una mayoría política y social. Nosotros somos conscientes que llegábamos a esta segunda vuelta con un 12 % del electorado", dijo al añadir que este 12 % representa a los sectores más excluidos, a quien no van a fallarles.
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Lima, 28 may (EFE).- El equipo económico del candidato izquierdista a la Presidencia de Perú, Roberto Sánchez, afirmó este jueves que su programa se basa en reducir la pobreza del país, pero al mismo tiempo, respetar la estabilidad y autonomía del Banco Central Reserva (BCRP).
En una rueda de prensa con la Asociación de Prensa Extranjera de Perú (APEP), una decena de expertos de varios partidos y organizaciones de izquierda expusieron el programa económico de Juntos por el Perú, el partido de Sánchez, que se enfrenta a la derechista Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial el 7 de junio.
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"El porcentaje de población en pobreza en Lima Metropolitana en 2019 era 14 % y en 2025 está bordeando el 28 %, se ha duplicado. Tenemos 9 millones de personas pobres en Perú, entonces, el objetivo esencial del programa económico es mantener baja la inflación, mantener un crecimiento alto y, sobre todo, reducir sustancialmente el nivel de pobreza", dijo el economista Óscar Dancourt.
En este sentido, el jefe del equipo económico del partido Juntos por el Perú, Pedro Francke, afirmó que parece que los peruanos "se han acostumbrado" a "estas cifras terribles", pues el empobrecimiento en ciudades como Lima "es tremendo".
El equipo económico advirtió que el alza de los precios de los combustibles, provocado por el conflicto en Oriente Medio, tiene dos efectos importantes en la realidad peruana: frenar su economía y aumentar la inflación, lo que tradicionalmente causa el incremento de la pobreza.
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Para mitigar estos fenómenos, puesto que comentaron que la tasa de inflación ya ha subido por encima del rango meta del Banco Central, señalaron que han elaborado un programa con tres medidas esenciales.
La primera es utilizar el Fondo de Estabilización de los Combustibles, un instrumento del Ministerio de Economía y Finanzas, "para mitigar, aminorar, amortiguar el alza de los combustibles".
También extender los programas de lucha contra la pobreza al ámbito urbano, como Pensión 65 y Juntos, un proyecto que ya existe y que quieren extender a un millón de madres con bajos recursos en el primer año de gobierno.
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En tercer lugar proponen el aumento del salario mínimo de 1.130 soles (330 dólares) a 1.500 soles (440 dólares), un incremento que consideran necesario pues el actual está por debajo del nivel de mercado.
A pesar de que durante la campaña de la primera vuelta electoral Sánchez fue crítico con el presidente del BCRP, Julio Velarde, el equipo económico reiteró que respetarán la autonomía del banco, mantendrán el sistema de metas de déficit fiscal y pretenden conservar una deuda baja sobre el PIB, una de la menores de la región.
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Por último Francke afirmó que su país tiene "un enorme potencial de crecimiento económico" en las pequeñas empresas, emprendimientos y agricultura familiar, por lo que impulsarán facilidades, financiamiento y capacitación.
Sobre la minería, un tema por el que Sánchez ha sido cuestionado al presuntamente favorecer los intereses de la minería ilegal, el equipo técnico aseguró que la van a combatir con una nueva ley que favorezca la formalización de los trabajadores a través de un acompañamiento jurídico e instaurarán la trazabilidad de los minerales para conocer su origen.
Además, para promover la inversión privada minera, van a fomentar la reducción del tiempo del inicio de operaciones, que de media es ocho años, a dos años.
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