Miami (EE,UU.), 11 may (EFE).- La empresa hotelera española Iberostar y la aerolínea American Airlines alcanzaron acuerdos en EE.UU. con cubanoestadounidenses que demandaron a las compañías bajo la Ley Helms-Burton, que permite a ciudadanos en este país reclamar reparaciones a quienes lucren con sus "propiedades confiscadas por el régimen de Castro" en los años sesenta.
Los acuerdos, alcanzados en meses anteriores pero divulgados apenas ahora por el Consejo Comercial y Económico EE.UU.-Cuba, se producen en el contexto de las políticas de presión hacia la isla impulsadas por el presidente Donald Trump, quien durante su primer mandato (2017-2021) activó el Título III de la Ley Helms-Burton, base legal de esas demandas.
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El caso de Iberostar cerró el 9 de septiembre de 2025 tras un acuerdo confidencial entre los demandantes y la empresa, según los documentos judiciales de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida.
La demandante María Dolores Cantó Martí y otros familiares afirmaron tener derechos legales sobre una propiedad en Cuba donde su familia tenía un hotel, pero que les decomisaron tras el triunfo de la revolución cubana en 1959.
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La querella alegaba que Iberostar lucró al operar dicho establecimiento, por lo que reclamó una indemnización económica, lo que la empresa española había pedido desestimar en un principio al argumentar que el tribunal no tiene jurisdicción sobre una empresa con sede en España y sin negocios ni presencia física en Florida.
Por otro lado, American Airlines cerró la demanda en marzo pasado tras un acuerdo con José Ramón López Regueiro, hijo de José López Vilaboy, dueño del aeropuerto de Rancho Boyeros en La Habana, llamado José Martí, confiscado también tras la revolución.
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El heredero de López Vilaboy, quien también fue presidente y principal accionista de Cubana de Aviación, pedía una compensación a la empresa aérea por usar el aeródromo.
Estas demandas han sido posibles desde mayo de 2019, cuando el primer Gobierno de Trump activó como parte de su política de mano dura hacia Cuba el Título III de la Ley Helms-Burton, que había permanecido sin efecto desde su promulgación en 1996.
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Además, la Corte Suprema de Estados Unidos analizará este año el castigo contra cuatro líneas de cruceros, Carnival, Royal Caribbean, Norwegian y MSC, por lucrar con el transporte de pasajeros a un muelle en Cuba confiscado a la empresa Havana Docks por el Gobierno cubano, al que pagaron 130 millones de dólares.
Al menos 46 demandas se han presentado contra 84 empresas, organizaciones o individuos desde que Trump reactivó la provisión legal de la Ley Helms-Burton, también conocida como 'Ley Libertad', según un conteo del Consejo Comercial y Económico EE.UU.-Cuba, una organización independiente.
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La noticia trasciende mientras Washington prepara más sanciones contra Cuba, según adelantó el secretario de Estado, Marco Rubio, la semana pasada.
Trump firmó el 1 mayo una orden ejecutiva para extender las sanciones contra La Habana hasta abarcar casi a cualquier persona o empresa no estadounidense que tenga relaciones comerciales con la isla, especialmente en los sectores de energía, defensa, seguridad y finanzas. EFE
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