Guerra entre las fuerzas de seguridad y los tecnócratas rusos por el favor de Putin

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Moscú, 30 abr (EFE).- Las fuerzas de seguridad han declarado la guerra a los tecnócratas rusos. Estos dos grupos libran en el quinto año de conflicto en Ucrania una cruenta lucha por el alma de Rusia o, lo que es lo mismo, por el favor del jefe del Kremlin, Vladímir Putin.

Ambos bandos quieren ganar tanto la posguerra como la lucha fratricida por suceder a Putin, que intenta mantener las formas, aunque parece que ya ha elegido bando: sus camaradas del Servicio Federal de Seguridad (FSB).

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Putin da una de cal y otra de arena. Defendió esta semana el bloqueo de internet por motivos de seguridad, pero pidió al FSB -también conocido como chekistas- que tenga en cuenta los intereses de los consumidores.

También instó a diputados y senadores a que no centren todos sus esfuerzos legislativos en prohibir y castigar, pero aseguró que los retos que afronta el país, sean la guerra o las sanciones, "son pasajeros, mientras Rusia es eterna".

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Los 'silovikí', como son conocidos todos aquellos miembros de las estructuras de fuerza en Rusia -FSB, Guardia Nacional y Ministerio del Interior-, tienen las de ganar, ya que el presidente es un miembro de sus filas. Además, la 'operación militar especial' les ha permitido mejorar sus posiciones ante la caída en desgracia de muchos altos cargos militares por negligencia o corrupción.

El estado policial comenzó a forjarse cuando Putin volvió al Kremlin en 2012, aunque ha tomado forma en los últimos años con la excusa de combatir la supuesta 'quinta columna', es decir, todo aquel que criticara la campaña militar.

Si durante la URSS debían responder ante el partido comunista, ahora sólo responden a una persona, el presidente. Además, ahora gestionan también el control de la frontera y parte de la red penitenciaria preventiva del país, explica Yekaterina Shulman, politóloga en el exilio.

En el haber del FSB figura la persecución de los principales representantes de la oposición, en particular Alexéi Navalni -envenenado en prisión en febrero de 2024, según sus partidarios-, y de la prensa libre.

Se han servido de las leyes de agente extranjero, extremismo-terrorismo y organizaciones indeseables para cerrar toda clase de instituciones humanitarias y de derechos humanos, docencia y beneficencia, e incluso museos.

El desmontaje del Estado de derecho incluye la prohibición categórica de manifestarse y expresarse libremente en la calle o en las redes sociales; la privación del derecho a concurrir en unas elecciones; y la censura de libros o películas que defienden valores no tradicionales.

Los tecnócratas, que no pueden viajar al extranjero por las sanciones occidentales y que son investigados escrupulosamente por el FSB, han aguantado el chaparrón por miedo o por convicción hasta que la economía comenzó a contraerse a finales del pasado año.

Entonces, los altos funcionarios dijeron basta. La gota que colmó el vaso de su paciencia fue la ralentización de internet y el bloqueo de las redes sociales, lo que ha causado pérdidas multimillonarias a gobierno y empresarios.

"El presidente prácticamente ha aceptado que el segundo departamento del FSB dirija internet", señala Shulman.

La presidenta del Banco Central, Elvira Nabiúllina, no dudó en criticar la medida, al igual que el presidente de la Patronal, Alexandr Shojin. Se les sumó la Administración presidencial a través del principal censor cultural, Serguéi Nóvikov.

El alto funcionariado ruso no quiere regresar al control totalitario de la sociedad desde el punto de vista informativo y tecnológico, no tanto por motivos ideológicos, sino porque dicho modelo no es económicamente rentable, ahuyenta la inversión y es sumamente impopular.

Cada vez que frustra un atentado o un acto de sabotaje, el FSB acusa a Ucrania de utilizar las redes sociales para reclutar potenciales terroristas. "Internet es un invento de la CIA", insisten.

Dichas medidas han puesto en un brete al aparato político del Kremlin ya que la intención de voto del partido oficialista, Rusia Unida, es de menos del 30 %. Si los sondeos no mejoran, un fraude masivo será la única forma de garantizar la mayoría constitucional en las legislativas de septiembre.

Con todo, pocas veces el antiguo KGB se ha encontrado solo en un bando contra una coalición integrada por el gobierno, la oposición leal y en el exilio, la juventud, los blogueros, los militares, las grandes fortunas y los empresarios.

En la misma línea, si en el tema migratorio las fuerzas de seguridad abogan por cerrar las puertas a todo lo extranjero, el Ministerio de Economía y el Ayuntamiento de Moscú denuncian la escasez de mano de obra.

"Sin inmigración será difícil garantizar el crecimiento económico. Es necesaria una migración razonable y beneficiosa en números controlados", replicó esta semana Maxim Reshétnikov, ministro de Economía.EFE

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