CIDH pide garantizar seguridad en elecciones colombianas y frenar avance de grupos armados

Bogotá, 23 abr (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió garantizar "entornos pacíficos, inclusivos y libres de violencia" en las elecciones presidenciales colombianas de mayo próximo y frenar el avance de los grupos armados ilegales y organizaciones criminales que "expandieron sus ataques" a más regiones del país.

Así lo señaló el organismo internacional en su informe anual de 2025, presentado este jueves, en el que aseguró que en Colombia "persisten desafíos estructurales relacionados con la violencia", como el asesinato del precandidato presidencial de derecha Miguel Uribe Turbay o los retrasos en la aplicación del acuerdo de paz de 2016.

"Estas situaciones continúan afectando la consolidación institucional, la garantía de derechos y las condiciones necesarias para la participación democrática plena. La persistencia de actores armados no estatales y de economías ilícitas dificulta la presencia estatal y limita el acceso a servicios esenciales", aseguró la CIDH.

Pese a que el Gobierno colombiano presentó planes para garantizar la seguridad en el proceso electoral, la Comisión recordó que el año pasado hubo homicidios de personas con liderazgo social y comunitario y de defensores de derechos humanos, así como el magnicidio de Uribe Turbay, quien falleció el 11 de agosto de 2025, dos meses después de recibir dos disparos en la cabeza durante un mitín político en Bogotá.

Respecto al acuerdo de paz, la CIDH afirmó que aún existen "desafíos" para garantizar los derechos de los exguerrilleros y recordó que aumentaron los homicidios en 2025.

La escalada de violencia en la región del Catatumbo provocó además el desplazamiento forzado de más de 60.000 personas y el confinamiento de otras 12.000 pertenecientes a 23 comunidades indígenas de los pueblos bari y yukpa.

"En regiones como Buenaventura y Chocó (norte) se denunciaron afectaciones graves a pueblos étnicos, incluyendo asesinatos, violencia sexual, desplazamientos y restricciones a mecanismos ancestrales de organización", expone el informe.

Durante 2025, varias organizaciones de la sociedad civil denunciaron a la CIDH "elevados niveles de impunidad en los casos de homicidios en contra de defensores de los derechos humanos".

Entre 2016 y 2024, la Fiscalía General registró 1.372 asesinatos de los cuales 1.322 siguen siendo investigados. De ese número, 793 no tuvieron avances significativos, y de los 529 restantes, 217 cuentan con sentencia condenatoria y solo 20 recibieron sanciones a los autores intelectuales.

Por otra parte, la CIDH aseguró que "se registraron avances relevantes en el reconocimiento normativo y judicial de los derechos de los pueblos indígenas", ya que el Estado promulgó varios decretos que impulsan la educación, la reparación integral y restitución de estos pueblos.

"No obstante, se mantuvieron distintos desafíos vinculados al impacto del conflicto armado y economías ilícitas en territorios indígenas. Entre enero y agosto de 2025 se registraron más de 22.600 personas pertenecientes a comunidades étnicas en situación de desplazamiento forzado", puntualiza el informe.

En el caso de la población afrodescendiente, la CIDH recordó que se registraron "múltiples situaciones de violencia" hacia esta comunidad, en particular en los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca, donde fueron asesinados más de 50 jóvenes afro durante el primer trimestre de 2025.

La CIDH alertó de que las cifras de violencia contra mujeres "siguen siendo alarmantes", considerando que, entre enero y septiembre de 2025, se registraron 621 feminicidios, 438 alertas por riesgo extremo de asesinato y 320 casos en grado de tentativa.

"Persisten reportes de violencia física y sexual contra niñas y adolescentes, en particular las provenientes de comunidades indígenas", al igual que las amenazas, extorsiones y feminicidios contra mujeres trans y trabajadoras sexuales, aseguró la CIDH. EFE