Trabajadores y extrabajadores de El Salvador niegan el 'reciclado' de féretros y flores

Testigos de las defensas en el juicio por el 'caso ataúdes', entre trabajadores y extrabajadores del grupo funerario El Salvador, han rechazado que dicha mercantil hubiera sistematizado una operativa ilegal dirigida a la reutilización o 'reciclado' de cajas, garantizándose así pingües beneficios, al tiempo que han coincidido al señalar que el jefe o persona que llevaba el negocio era Ignacio Morchón Alonso, el empresario ya fallecido.

Si en las anteriores sesiones fueron los perjudicados los que comparecieron ante la Audiencia de Valladolid para relatar sus dolorosas experiencias personales al acudir a los servicios de El Salvador, unos por el trato recibido y otros tras descubrir que la caja contratada no era la que albergaba el cadáver de su familiar, en la jornada de este lunes, al igual de lo que ocurrirá la próxima semana, el tribunal ha comenzado a escuchar los testimonios de los testigos propuestos por las defensas de los veintitrés encausados.

Todos ellos, extrabajadores y operarios aún en activo, han asegurado de forma unánime que la prestación del servicio no generó quejas o en todo caso alguna puntual y que ni presenciaron el 'cambiazo' de ataúdes ni sospecharon de que una cosa así se pudiera haber producido.

"Yo fui el primer sorprendido cuando saltó este caso", ha indicado Roberto Carlos B.G, operario del grupo entre los años 2004 y 2008 y entre 2011 y 2015, periodos en los que, como así ha sostenido, ni presenció ese 'reciclado' de cajas y ornamentos florales ni escuchó a otros compañeros que se estuviera produciendo esa supuesta actividad ilegal.

Lo que sí ha dejado muy claro el testigo y más tarde otros, en declaraciones recogidas por Europa Press, es que quien dirigía el negocio era el ya fallecido Ignacio Morchón Alonso, cuya esposa y tres hijos encausados "pintaban muy poco", y que incluso el magnate del féretro, en un repente tras un enfado, se jubiló en 2010 "por sorpresa, sin comunicarlo previamente" y ello provocó el bloqueo de las cuentas del grupo empresarial y generó problemas de pago con los proveedores.

JUSTO M, "UN PERSONAJE MUY RARO Y PECULIAR"

El exemplead, quien utilizaba maquinaria pesada, también ha sido interpelado por sus entonces compañeros Sara M.P. y Justo M.G, la primera de las cuales fue despedida en su día, junto con su novio, tras ser sorprendidos ambos bebiendo en horas de trabajo y el segundo de los citados por ser la persona que trató de extorsionar a Ignacio Morchón Alonso para garantizarse una buena jubilación a cambio de no dar publicidad a un informe detallado, fundamentalmente fotografías y anotaciones escritas, que constituye la base fundamental de la presunta actividad fraudulenta del grupo empresarial.

Respecto de este último, Roberto Carlos, como así luego han coincidido al señalar otros exoperarios, ha explicado que tuvo poco trato con Justo, ya fallecido, porque era "un personaje muy raro, peculiar", de ahí que la relación con él y resto de compañeros fuera mala.

"Era un trabajador más pero casi siempre te acababa echando de recepción", ha reprochado el testigo, quien también ha aprovechado su intervención para desacreditar a Sara M.P, la extrabajadora que durante las primeras jornadas del juicio denunció que estaba al corriente del "reciclado" de féretros y que dicha actividad generaba cierta hilaridad entre los compañeros cuando salía a relucir la cuestión.

De hecho, el testigo ha recordado que Sara y su entonces novio fueron despedidos por preparar un "pitote muy gordo" una noche en la que ambos fueron sorprendidos tomando copas y porros en horas de trabajo en la cafetería del tanatorio. "Hicieron también trompos con el coche a las puertas de tanatorio", ha censurado Roberto, quien ha añadido que al día siguiente Ignacio Morchón Alonso los echó a los dos.

El aludido, Patricio F.M, ha sido bastante menos preciso y, por videoconferencia, ha respondido con un "no me acuerdo" a la mayoría de las preguntas que le han formulado las distintas partes, amparado en el hecho de que hayan pasado ya más de veinte años.

En cualquier caso, ha asumido que si en su día fue despedido el motivo sería "razonable", y pese a esa abrupta finalización de su relación laboral, el testigo ha asegurado no tener constancia del cambiazo de féretros, algo que de haber ocurrido, como así ha puntualizado, habría presenciado porque trabajaba como conductor y transportaba a los fallecidos hasta el cementerio de Santovenia para su incineración.

En la misma tónica de avalar el correcto funcionamiento de la empresa se han posicionado los también exempleados Rodrigo A.G, Jesús P.B, Rachid El B, quien ha rechazado además su participación en la "sustracción" de dos féretros que le imputó en su día Justo M.G, y Montserrat B.V, que ha puesto de manifiesto la mala relación existente entre este excompañero ya fallecido y el dueño de la empresa.

"ESTE HIJO DE PUTA LO VA A PAGAR CARO"

A este respecto, la testigo ha traído a la sala a unos comentarios amenazantes que en su momento le trasladó Justo M. por el hecho de que el magnate funerario se negaba a contratar a su hijo. "¡Este hijo de puta lo va a pagar caro, lo van a ver sus hijos o sus nietos!", es la frase que Montserrat ha puesto en boca de Justo y que vendría a avalar la supuesta animadversión de él hacia el dueño del grupo empresarial.

Otro testigo, en este caso Julián Enrique V, todavía trabajador de Parque El Salvador tras más de treinta años en labores administrativas, ha reforzado aún más si cabe esa complicada relación entre Ignacio Morchón Alonso y Justo Martín, al que ha calificado como una persona un tanto "uraña" cuyos problemas con el "jefe" comenzaron no solo cuando éste se negó a contratar a su hijo sino también por las sospechas de que el operario estuviera robando material para reformar su casa e incluso se dedicara a sustraer gasóleo de la mercantil para su vehículo particular.

A lo largo de su declaración, el administrativo, quien a preguntas del fiscal ha confesado estar emparentado tanto con la familia Morchón como con otros encausados más, ha explicado que era Ignacio Morchón Alonso "el que dirigía y organizaba todo", incluso una vez ya jubilado, y que era el empresario el que decidía el precio de venta al público de los féretros, cuya adquisición suponía un coste de entre 90 y 100 euros.

EL PRECIO DE UNA CAJA SE DISPARA

"Hoy en día, el precio básico de una caja es de unos 150 euros y se puede luego vender por unos 1.200 euros", ha matizado Julián Enrique, quien ha negado que el grupo funerario simulara la compra de cajas para poder materializar su supuesta actividad delictiva y que, de hecho, la propia Inspección de Hacienda validó que su principal suministradora, la empresa Senovilla, había efectuado esas ventas y que lo que podía haberse producido es un "sobredimensionamiento en los precios que constaba en las facturas".

"Teníamos distintos proveedores, no sólo Senovilla, y entonces la compra la realizaba Ignacio padre mediante talones y más tarde por transferencia", ha recordado el testigo, quien también ha añadido que el casi millón de euros que la policía se incautó durante la 'Operación Ignis' en casa de su jefe, concretamente en el cuarto de la plancha, fue contabilizado por la Agencia Tributaria como "dividendos" de la empresa.

El juicio no se reanudará ya hasta la próxima semana y recuperará entonces el formato de sesiones los lunes, martes y miércoles, en las que se volverá a escuchar las declaraciones de más testigos de las defensas.