La 'indeseable' AI denuncia la involución del estado de derecho en Rusia

Moscú, 21 abr (EFE).- Amnistía Internacional (AI), declarada 'organización indeseable' en Rusia en mayo de 2025, denuncia en su informe anual la involución del estado de derecho en todos los aspectos de la vida en este país, en el cuarto año de la "guerra de agresión contra Ucrania".

Durante el pasado año se restringieron aún más los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, y la libertad de credo, así como la censura en internet. Además, se intensificaron la campaña de represión de la disidencia, las detenciones arbitrarias y los juicios sin garantías.

Tanto en el campo de batalla como en la retaguardia la tortura y los malos tratos fueron "endémicos" y se continuó persiguiendo a las minorías sexuales y marginando a los hijos de los inmigrantes, que en su mayoría no están escolarizados. A su vez, "la censura es omnipresente en la vida pública".

El informe hace especial hincapié en "las restricciones graves" de la libertad de expresión. Cualquier crítica de la guerra o de la política gubernamental puede representar una pena de cárcel. Ese fue el caso de Mark Kislitsyn, un transgénero condenado a 12 años de cárcel por transferir en señal de protesta unos 10 dólares a una cuenta bancaria ucraniana.

A partir de septiembre buscar "deliberadamente" materiales extremistas en internet y publicitar las redes VPN acarrea multas, a lo que hay que sumar la prohibición del inexistente Movimiento Internacional de Satanistas.

Uno de los casos más sonados fue el arresto de tres jóvenes artistas callejeros del grupo Stoptime de San Petersburgo tras interpretar canciones prohibidas. Dos de los miembros del grupo se tuvieron que exiliar.

Además, las autoridades rusas perseveraron en su intento de crear el conocido como 'internet soberano', bloqueando el acceso a webs, plataformas y redes sociales -Telegram y WhatsApp-, y ralentizando internet en todo el país. Las autoridades imponen el uso de la plataforma rusa MAX, controlada por las fuerzas de seguridad.

En cuanto a la sociedad civil, 219 organizaciones, medios de comunicación e individuos fueron declarados 'agentes extranjeros', y se les prohibió realizar cualquier actividad educativa. Otras 95 organizaciones fueron catalogadas de 'indeseables', entre ellas AI y Human Rigths Watch.

El copresidente del observatorio electoral GOLOS, Grigori Melkoniants, fue condenado a cinco años de cárcel después de criticar duramente los procesos electorales de los últimos años, incluido el referéndum constitucional que permitió al presidente, Vladímir Putin, presentarse en 2024 a la reelección.

Borrar el legado de Navalni

AI también llama la atención de las detenciones arbitrarias con cargos falsos como 'rasgo distintivo del sistema de aplicación de la ley' en Rusia. En concreto, tres abogados del fallecido líder opositor, Alexéi Navalni, fueron condenados a hasta 5,5 años de prisión por presuntamente ayudar a su cliente a comunicarse con el exterior.

Otros cuatro periodistas fueron sentenciados a cinco años de cárcel por supuesta colaboración con el Fondo de Lucha contra la Corrupción de Navalni, a lo que hay que sumar más de un centenar de causas por donaciones a esa organización. Recuerda que varios laboratorios extranjeros confirmaron que Navalni había sido envenenado en prisión.

El Estado ruso incrementó los procesos penales por terrorismo, traición o espionaje contra figuras políticas de la oposición democrática dentro y fuera de Rusia. Uno de los más castigados fue el único partido opositor legal en Rusia, Yábloko, varios de cuyos miembros han sido detenidos.

También hubo muchos juicios en ausencia como la condena al escritor más leído de Rusia antes de la guerra, Boris Akunin, que fue castigado con 14 años de cárcel por sus duras críticas a Putin.

El informe alerta sobre la impunidad de la tortura y de sus perpetradores en las prisiones rusas. Dos hombres de origen azerbaiyano murieron en custodia policial tras ser detenidos en la ciudad de Yekaterimburgo. Además, el opositor Alexéi Górinov, encarcelado por condenar la campaña militar en Ucrania, fue recluido en varias ocasiones en celdas de castigo pese a su frágil estado de salud.

Las autoridades también continuaron la persecución de los miembros de los Testigos de Jehová por extremismo, de los que 157 seguían en prisión en octubre pasado, y restringieron aún más el derecho al aborto en la sanidad pública.

AI denuncia "abusos graves" de los derechos de los prisioneros ucranianos, tanto militares como civiles, lo que incluyó desapariciones forzadas, arrestos arbitrarios, régimen de incomunicación y tortura. Algunos de estos actos constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, apunta.EFE