Indígenas, afros y campesinos sufren "desproporcionadamente" el conflicto colombiano

Bogotá, 20 abr (EFE).- Amnistía Internacional (AI) advirtió que los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas sufrieron "desproporcionadamente" las consecuencias del conflicto armado colombiano, donde el año pasado "defender los derechos humanos continuaba siendo una labor sumamente arriesgada".

"A pesar de la vigencia de algunas negociaciones de paz, la violencia armada persistió. La población civil seguía siendo víctima de infracciones del derecho internacional humanitario. Los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas sufrían desproporcionadamente las consecuencias de la violencia y los conflictos armados", señaló AI en su informe anual sobre la situación de DD.HH. en el mundo.

El Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, impulsa una política de 'paz total' con la que busca negociar acuerdos o el sometimiento a la justicia de los grupos armados ilegales como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las antiguas FARC y el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, entre otros.

"La mayoría de las negociaciones entre el gobierno y diversos grupos armados continuaron, pero los avances fueron escasos y su impacto, limitado", señaló AI.

Amnistía Internacional lamentó que "las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas seguían sin estar claras" en 2025, pese a los avances que ha habido en los diálogos de paz.

A pesar de las negociaciones de paz, AI señaló que "la violencia armada continuó en el país" con confrontaciones entre grupos armados y las fuerzas armadas, lo que se tradujo "con frecuencia en violaciones" del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

"Se registraron hechos especialmente preocupantes en los departamentos de Guaviare, Putumayo, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Bolívar y La Guajira, así como en las regiones del Catatumbo, Magdalena Medio, nordeste antioqueño y sur de Bolívar", precisó la organización.

La Fundación Ideas para la Paz (FIP), citada en el informe de AI, identificó 14 zonas de disputa entre los grupos armados en la actualidad, que son el doble de las que había en el país cuando comenzó el Gobierno del presidente Gustavo Petro el 7 de agosto de 2022.

"De acuerdo con la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en 2025 se produjeron 2.794 hechos de violencia en el país —de los cuales 1.390 eran ataques contra la población civil (entre ellos, homicidios, amenazas y acciones de control social)— que afectaron a más de 1,6 millones de personas", agregó la información.

La situación más grave se vivió en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, donde desde enero de 2025 se enfrentan el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, lo que provocó el desplazamiento forzado de más de 82.000 personas entre enero y septiembre.  EFE

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