Venezuela ve "disonantes" palabras de la OEA pidiendo transparencia en nombramiento de altos cargos

El jefe de la diplomacia venezolana rechaza la intervención del secretario de la OEA, calificando sus recientes comentarios como inapropiados y defendiendo la soberanía nacional mientras continúan los relevos en puestos clave del gobierno del país

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La reciente petición de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la necesidad de transparencia e independencia en la selección de los nuevos altos cargos en el Estado venezolano provocó una respuesta inmediata desde el gobierno de Venezuela. Según informó Europa Press, el ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil, consideró desacertadas las palabras del secretario general de la OEA, Albert Ramdin, y subrayó la soberanía nacional y el derecho de autodeterminación del pueblo venezolano ante dicha solicitud.

La declaración de Gil, citada por Europa Press, rechazó que la OEA se pronunciara acerca de los procedimientos internos del país sudamericano. El ministro enfatizó que Venezuela ya no integra ese organismo, y detalló que “La Organización de Estados Americanos carece de toda competencia para pronunciarse sobre asuntos internos de Venezuela, país que no forma parte de dicho organismo. Resulta, por tanto, profundamente disonante que un funcionario de esa instancia pretenda opinar sobre procesos que corresponden exclusivamente al pueblo venezolano y a su orden constitucional”. A través de un comunicado difundido en redes sociales, Gil incluyó una mención crítica a gestiones pasadas de la Secretaría General de la OEA. “Sorprende, que el actual secretario general, pretenda hoy invocar el nefasto legado de su antecesor Luis Almagro”, manifestó el titular de Exteriores.

Albert Ramdin, quien anteriormente ocupó el cargo de ministro de Exteriores de Surinam, emitió su mensaje en la misma plataforma digital dirigiéndose a las nuevas autoridades venezolanas, encabezadas desde enero por Delcy Rodríguez. En su mensaje, reportó Europa Press, Ramdin instó a que “deben garantizar que los procesos de designación del fiscal general de la República y del defensor del pueblo cumplan con los estándares mínimos de transparencia, mérito y participación ciudadana”. El secretario general de la OEA sostuvo que la elección de autoridades con independencia creíble ante todos los sectores sociales podría constituir un avance relevante para la reconciliación nacional y propiciar una transición democrática. Ramdin aseguró en esa comunicación la disposición de la Secretaría General de la OEA para “apoyar a Venezuela en la atención de sus desafíos institucionales”, consignó Europa Press.

Los cambios en la estructura del gobierno venezolano se sucedieron durante las últimas semanas, detalló Europa Press. Entre los nombramientos destacados figura la designación de la abogada Ariannys Viviana Seijó Noguera como nueva Fiscal General. Según la información publicada, Seijó Noguera anteriormente ejerció como consultora jurídica de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y, previamente, como asesora externa de la Procuraduría General de la República.

En relación a la Defensoría del Pueblo, desde finales de febrero ocupa el cargo Tarek William Saab, exfiscal general del país. De acuerdo con Europa Press, organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales cuestionaron su nombramiento, señalando su presunto involucramiento en acciones de represión contra manifestantes posteriores a las elecciones presidenciales de julio de 2024. Este señalamiento se produce en un contexto de renovaciones gubernamentales impulsadas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, en el que cargos clave han ido siendo reasignados o ocupados por nuevos funcionarios.

El intercambio de declaraciones entre la cancillería venezolana y la OEA refleja la tensión persistente respecto al grado de influencia que organismos internacionales pueden o no ejercer sobre los procesos políticos y administrativos internos de Venezuela. Según Europa Press, la postura del gobierno de Nicolás Maduro, transmitida por Yván Gil, insiste en mantener la autodeterminación y rechaza cualquier intervención externa sobre el nombramiento de autoridades públicas. Al mismo tiempo, actores internacionales y organizaciones de la sociedad civil continúan observando de cerca la evolución de estos cargos, señalando la importancia de procesos transparentes y participativos.