El Gobierno asegura que "habrá plazo suficiente" para tramitar las solucitudes de regularización de migrantes

Las declaraciones del Comisario de Interior y Migración de la Unión Europea, Magnus Brunner, en las que señaló que los inmigrantes que consigan la regularización en España y decidan instalarse en otro país miembro serían retornados a territorio español, han motivado una aclaración oficial respecto a los derechos ligados a este permiso. Según indicó Elma Saiz, portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el permiso obtenido mediante el proceso de regularización permitirá trabajar en España, pero no garantiza libertad de residencia o empleo en otros países del espacio comunitario, según publicó el medio que cubrió la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros.

De acuerdo con lo informado por Elma Saiz en ese encuentro con los medios, se prevé que todas las personas que opten a la regularización extraordinaria podrán completar los trámites en el plazo estipulado por el Ejecutivo. Saiz advirtió que, aunque el proceso aún se encuentra en revisión por parte del Consejo de Estado, el Gobierno se mantiene firme en la hoja de ruta inicial. La ministra insistió en que el calendario oficial sigue en pie y que las autoridades ofrecerán a los solicitantes “plazo suficiente” para presentar la documentación requerida.

El medio detalló que el proceso de regularización fue originalmente anunciado con una ventana temporal fijada desde inicios de abril hasta el 30 de junio. Ante preguntas respecto a la posibilidad de una ampliación del periodo de tramitaciones debido a eventuales demoras administrativas, Saiz evitó concretar fechas exactas, reiterando que por ahora todo transcurre “dentro del calendario previsto”. Según la ministra, la normativa aún está bajo análisis en el Consejo de Estado, razón por la cual no se ha especificado el día de inicio de las gestiones.

Durante la rueda de prensa, la ministra Elma Saiz transmitió “un mensaje de tranquilidad” a quienes esperan acogerse a la regularización, y recalcó el compromiso del Ejecutivo para que el proceso se ejecute en términos de certezas y previsibilidad, según consignó el medio que cubrió el acto. Además, enfatizó la legalidad y la adecuación del procedimiento a la normativa vigente, remitiéndose a la consulta del Consejo de Estado como última etapa antes del lanzamiento oficial.

Respecto a las dudas surgidas tras las declaraciones del Comisario Magnus Brunner, el Gobierno aclaró que el permiso extraordinario habilitará exclusivamente para trabajar y residir legalmente en España. Elma Saiz puntualizó que “la regularización dará derecho a un permiso de trabajo en España”, corroborando la precisión ofrecida a raíz de la entrevista concedida por Brunner al diario El Mundo, informa el mismo medio.

Los portavoces gubernamentales han insistido en que la regularización extraordinaria responde a una planificación institucional que busca integrar a los migrantes en el marco legal español y en el mercado laboral nacional, evitando crear falsas expectativas relacionadas con la movilidad intracomunitaria, según reportó la prensa acreditada. Según la información oficial, todos los detalles referentes a las condiciones del permiso, los requerimientos documentales y la duración de la ventana de solicitudes serán comunicados de forma transparente una vez el dictamen del Consejo de Estado esté disponible.

Fuentes oficiales reiteraron ante los medios que la decisión de fijar un calendario y no atribuir flexibilidad ilimitada a los plazos responde a la necesidad de garantizar la eficiencia y la seguridad jurídica a quienes acudan al procedimiento. Aunque actualmente no se ha determinado si habrá prórroga en caso de colapso o retrasos, el Gobierno confía en la capacidad administrativa para gestionar el volumen de solicitudes previsto.

Información aportada durante la comparecencia también remarcó que la regularización no comporta variaciones respecto a los compromisos internacionales adquiridos por España en materia migratoria, ni altera la posición del país dentro de la política común de asilo y residencia aprobada por la Unión Europea. De acuerdo con lo expuesto por la ministra Saiz y ratificado por el portavoz gubernamental, cualquier migrante que, tras ser regularizado en España, quiera instalarse en otro Estado miembro de la UE, no vería reconocido ese permiso para fines de trabajo o residencia fuera de España, reforzando así la lógica de los acuerdos europeos sobre gestión migratoria.

El medio que cubrió la presentación pública recogió también las alusiones de Saiz a la colaboración entre diferentes ministerios y organismos autónomos con el objetivo de poner en marcha un proceso que combine agilidad con rigor. La estrategia, según informaron desde el Ejecutivo, busca evitar la saturación de los registros y garantizar un acceso ordenado y seguro para todos los aspirantes, desde el primer día de apertura del plazo fijado.

Elma Saiz reiteró ante los representantes de la prensa que el llamamiento institucional a la calma se dirige tanto a la sociedad de acogida como a quienes quieren regularizar su situación: “Habrá plazo suficiente para tramitar las solicitudes”. Según publicó el medio que cubrió la rueda de prensa, la ministra insistió en que la transparencia y la coordinación entre administraciones serán clave para evitar retrasos o cuellos de botella administrativos durante la tramitación de los expedientes.