Ejecutados otros dos hombres condenados por lazos con la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán

Pouya Gobadi fue capturado por las fuerzas iraníes fronterizas cuando intentaba salir del país, tras haber recibido supuestas órdenes del líder de la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (PMOI) mediante la aplicación Telegram. Esta detención ocurrió en el contexto de una ofensiva de las autoridades iraníes contra presuntos miembros y colaboradores de este grupo, al que el gobierno de Teherán califica como organización terrorista. El martes se informó sobre la ejecución de Gobadi, junto a Babak Alipour, tras declarar el Tribunal Supremo de Irán su culpabilidad en un ataque cometido con lanzagranadas contra una institución pública, según detalló la agencia local Fars y de acuerdo con la información publicada por diversas fuentes oficiales.

El medio Fars especificó que Alipour ejecutó el disparo de cuatro proyectiles con una arma de fuego portátil, destinada al lanzamiento de granadas y otros explosivos, contra el edificio estatal. Tras esta acción, permaneció en un “refugio” facilitado por la PMOI durante tres días, hasta ser identificado y finalmente aprehendido por las autoridades. Ambas detenciones y las posteriores sentencias a muerte fueron resultado de investigaciones que, según el gobierno iraní, apuntan a la existencia de una trama más amplia de colaboración con la organización opositora.

Según consignó la agencia Fars, la ejecución por ahorcamiento de Alipour y Gobadi se suma a una tendencia reciente de castigos severos contra quienes las autoridades vinculan con actividades hostiles o conspirativas coordinadas por la PMOI. El lunes anterior, fueron ejecutados otros dos individuos condenados, también bajo la acusación de mantener lazos con la misma agrupación. En ese caso, los cargos se relacionaban con la preparación de atentados mediante artefactos explosivos improvisados en la capital, Teherán.

El medio Fars contextualizó que el Tribunal Supremo de Irán intervino directamente en los casos, validando las pruebas presentadas y considerando suficiente la evidencia para sostener el vínculo de los condenados con la PMOI y su actividad armada. Las autoridades destacan el uso de canales de comunicación como Telegram para coordinar supuestas órdenes por parte de líderes de la organización, empleando redes clandestinas para dirigir movimientos de sus simpatizantes y operativos.

La Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán, fundada en 1965, presenta un perfil ideológico que combina elementos islamistas con postulados inspirados en el marxismo. Según la información difundida por Fars, la PMOI participó en la revolución iraní contra el sha Reza Pahlevi, aunque posteriormente se distanció del nuevo régimen y pasó a una posición de oposición radical a la cúpula religiosa de los ayatolás que gobierna Irán desde 1979. Durante la guerra Irán-Irak, entre 1980 y 1988, combatió a favor del régimen de Sadam Husein y en contra de las autoridades iraníes, lo que modificó la percepción pública y oficial sobre su papel en el país.

Teherán mantiene que la organización lleva a cabo acciones de sabotaje, atentados y conspiraciones, motivos por los cuales tipifica sus actividades como terroristas. Tales acciones son utilizadas por los medios estatales iraníes como justificación para la aplicación de la pena máxima a ciudadanos señalados como colaboradores, miembros o simpatizantes de la PMOI.

Según la agencia Fars, en los procedimientos judiciales realizados, tanto a Alipour como a Gobadi se les presentó como receptores de órdenes directas y activos participantes en actividades armadas o en desarrollo de atentados en territorio nacional. Las sentencias incluyeron imputaciones por el uso y posesión ilegal de armas, ataques a edificios públicos y pertenencia a una organización ilegal designada como terrorista por el Estado iraní.

El aumento reciente de ejecuciones relacionadas con acusaciones de pertenencia a la PMOI ocurre en un clima de tensiones internas y junto a continuos operativos de seguridad contra redes opositoras dentro y fuera del país. Estas acciones judiciales y policiales han sido destacadas recurrentemente por los canales oficiales, que resaltan sus intentos de contener y desmantelar las estructuras clandestinas que operan bajo la influencia de la PMOI y grupos afines. Las afirmaciones sobre el uso de tecnologías de mensajería para canalizar instrucciones y coordinar movimientos también forman parte de la narrativa estatal, que presenta estos métodos como evidencia de los riesgos actuales de infiltración y la presunta amenaza a la seguridad interna.