
El registro oficial muestra que en España hay 1.200 menores de entre 0 y 6 años residiendo en centros de acogida, una cifra considerada por el Ministerio de Juventud e Infancia como contraria a las disposiciones vigentes, según informó el medio. En respuesta a esta situación, el Ministerio ha iniciado este lunes una consulta pública previa para avanzar hacia la aprobación de una nueva norma con el objetivo de fortalecer el acogimiento familiar como medida principal de protección para niños y adolescentes en situación de desamparo.
De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Juventud e Infancia y publicada por medios especializados, el porcentaje de menores tutelados por familias disminuyó entre 2020 y 2023, pasando del 53 % al 51 %, según datos del Boletín de Estadísticas de Medidas de Protección a la Infancia y la Adolescencia número 26, correspondiente a 2023. El departamento dirigido por Sira Rego indicó que este descenso refuerza la necesidad de desarrollar una regulación normativa específica orientada a estimular el acogimiento familiar y atraer a nuevas familias dispuestas a ofrecer hogar a estos menores.
Tal como consignó la fuente original, la consulta pública tiene como finalidad recopilar aportaciones ciudadanas para determinar el instrumento normativo más adecuado que permita regular la figura del acogimiento familiar, priorizando el interés superior del menor y garantizando su protección integral. El Ministerio subrayó la importancia de poner en marcha procedimientos que aseguren la transición de menores de 0 a 6 años del sistema residencial a entornos familiares, en cumplimiento de la legislación y de las recomendaciones recogidas en la estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad.
El medio detalló que la iniciativa busca consolidar un modelo basado en el derecho de la infancia a crecer en familia, sustituyendo progresivamente las medidas residenciales por alternativas familiares que favorezcan el bienestar y el desarrollo completo de los menores. La consulta pública no solo apunta al diseño de nuevos mecanismos de protección, sino también a la difusión y normalización de la cultura del acogimiento familiar en la sociedad española, con miras a incrementar el número de familias dispuestas a solicitar la acogida.
Según mencionó el Ministerio al medio, la revisión normativa propuesta contempla abordar la cuestión desde una perspectiva integral de derechos infantiles. “A la vista de los datos expuestos se estima que no proceder a su regulación constituiría una vulneración de los derechos de la infancia”, señala el documento de la consulta pública. En este contexto, la prioridad para el Ministerio es facilitar el tránsito de los menores de corta edad hacia hogares familiares, implementando mecanismos que lo favorezcan y supervisen su ejecución.
Como parte del proceso anunciado, se pretende dar cumplimiento a la Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad, agrupando y reforzando aquellas medidas enfocadas en garantizar condiciones óptimas para el desarrollo físico, emocional y social de los niños y niñas bajo protección. El medio subrayó que la propuesta también incide en la necesidad de adaptar la normativa a los principios fundamentales de protección y derechos reconocidos en la legislación nacional e internacional en materia de infancia.
Con la apertura de la consulta pública, el Ministerio invita a la sociedad civil, organizaciones del sector y expertos a participar con sus propuestas y observaciones, recogiendo así un amplio espectro de perspectivas que permitan definir el alcance y contenido de la futura norma. Según destacó el departamento de Sira Rego en declaraciones recogidas por el medio, las familias de acogida representan un recurso esencial para garantizar que la mayoría de los menores en situación de desamparo accedan a un entorno estable y seguro.
El proceso anunciado por el Ministerio contempla la evaluación y futura actualización de los procedimientos y apoyos dirigidos a las familias acogedoras, así como la prioridad en la búsqueda de soluciones que se alineen con el interés superior del menor. La intención, según la consulta pública consultada por el medio, es fortalecer el marco normativo y operativo que permita incrementar tanto el número como la calidad de las medidas de acogimiento familiar en todo el territorio.
Finalmente, el Ministerio enfatizó, según textual publicado por el medio, la urgencia de abordar este asunto mediante una regulación normativa clara, integral y centrada en los derechos del niño. El documento concluye que el no avanzar en esta regulación supondría una vulneración de los derechos básicos de la infancia y la adolescencia en situación de vulnerabilidad.