El protocolo de Gobierno, Iglesia y Defensor para indemnizar a víctimas de abusos no fija baremos e irá caso por caso

Las víctimas de abusos sexuales que anteriormente buscaron compensaciones a través del Plan PRIVA de la Iglesia tendrán la posibilidad de solicitar una revisión de sus indemnizaciones ante el Defensor del Pueblo, quien determinará si es necesario mejorarlas, completarlas o superarlas. Esta decisión forma parte de las medidas adoptadas tras la firma de un protocolo conjunto entre el Gobierno español, la Iglesia católica y la institución del Defensor del Pueblo. De acuerdo con la información publicada por el medio fuente, el nuevo acuerdo posibilita que, a partir del 15 de abril, las personas afectadas por delitos de esta naturaleza presenten sus solicitudes de compensación sin la existencia de baremos preestablecidos.

Tal como detalló la fuente, el protocolo suscrito el lunes 30 de marzo representa un avance en el proceso de reparación para las víctimas de abusos sexuales dentro de instituciones religiosas. Este marco no contempla la fijación de cantidades mínimas o máximas para las indemnizaciones, pues se buscará una evaluación particularizada de cada caso. El presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, puntualizó durante una rueda de prensa que el acuerdo “excluye expresamente” cualquier referencia a “baremos”, optando en su lugar por un enfoque de “reparación integral”.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, precisó, según reportó el medio fuente, que la ausencia de cantidades fijas responde a la intención de que “cada caso se va a estudiar en detalle” por un equipo experto integrado por representantes del Defensor del Pueblo y del Plan PRIVA. Bolaños remarcó que la “reparación justa no debe estar determinada por una cifra ni mínima ni máxima”. Pese a la falta de baremos concretos, el convenio sí establece criterios para la evaluación, como la gravedad del daño sufrido o la reiteración de los hechos, según informaciones del mismo medio.

La metodología acordada permitirá analizar individualmente cada expediente presentado por las víctimas. Este examen detallado implica que la última decisión sobre la cuantía de la reparación corresponderá al Defensor del Pueblo, mientras que la Iglesia católica asumirá el abono de la cantidad que finalmente se determine, informó la misma fuente. Aquellas personas que hayan recibido indemnizaciones previas a través del Plan PRIVA tendrán acceso a un proceso de revisión, en el que el Defensor del Pueblo podrá decidir si esos pagos requieren ajustes, complementos o ampliaciones.

Además, el protocolo define el día 15 de abril como la fecha inicial en la que las personas que sufrieron estos delitos podrán comenzar a presentar sus solicitudes de compensación. El medio fuente consignó que los criterios y procedimientos establecidos pretenden facilitar una atención individualizada y la evaluación de cada circunstancia particular, sin condicionar la reparación a formatos estandarizados. El acuerdo cuenta con la participación y supervisión de representantes del Gobierno, de la Iglesia católica y del Defensor del Pueblo, garantizando el análisis personalizado de los casos y la aplicación de los criterios acordados.