Bruselas destaca avances en la economía social pero pide reforzar su apoyo y financiación

El informe publicado este lunes por la Comisión Europea destaca que la mitad de los europeos ha participado en actividades de economía social durante el último lustro, según datos del Eurobarómetro recogidos por el organismo, mientras que tres de cada cuatro ciudadanos consideran que estas entidades cumplen un papel relevante dentro de la sociedad. A partir de estos datos, el documento hace énfasis en la importancia creciente que está adquiriendo la economía social en Europa y presenta sus principales conclusiones en torno a los desafíos que aún deben abordarse para garantizar su desarrollo sostenible.

De acuerdo con la información divulgada por Bruselas, desde la aprobación del Plan de Acción para la Economía Social en 2021, veintiún países de la Unión Europea han puesto en marcha o se encuentran en fase de diseño de estrategias nacionales o regionales que buscan fortalecer este sector. Además, doce Estados miembro han impulsado reformas legislativas con el objetivo de adaptar sus marcos normativos a las necesidades particulares de estas organizaciones.

El apoyo financiero destinado al sector también ha registrado avances. Según publicó la Comisión Europea, más de 1.620 millones de euros provenientes de fondos europeos y 1.200 millones en garantías a través del instrumento ‘InvestEU’ han sido movilizados para el periodo 2021-2027, con el propósito de potenciar la economía social. Estas cifras reflejan el esfuerzo realizado para ampliar la base de recursos disponibles y facilitar el acceso al crédito y a la inversión para las entidades del sector.

A pesar de estos avances, la Comisión Europea identifica obstáculos persistentes como las dificultades para acceder a la financiación y a los mercados en distintos países de la UE. En el informe se señala que estos factores limitan el crecimiento y la consolidación de las organizaciones vinculadas a la economía social, por lo que el Ejecutivo europeo insta a adoptar nuevas medidas tanto a nivel comunitario como regional y local.

Entre las recomendaciones expuestas por el informe, Bruselas subraya la importancia de clarificar las normas relacionadas con las ayudas de Estado para que estas instituciones puedan beneficiarse de un entorno regulatorio más favorable. Además, insta a facilitar el acceso al capital privado para incrementar las oportunidades de inversión y poner a disposición más datos, lo que facilitaría una toma de decisiones más informada y una evaluación efectiva de los avances.

Según la vicepresidenta para Derechos Sociales y Capacidades de la Comisión Europea, Roxana Minzatu, “a medida que Europa se enfrenta a retos geopolíticos, transformación industrial y crecientes presiones sociales, la economía social se está convirtiendo cada vez más en un motor de resiliencia, inclusión y competitividad”. Minzatu resaltó el impacto de estas organizaciones, que generan 11,5 millones de empleos y agrupan a más de 4,3 millones de entidades en la UE. Estas estructuras desarrollan actividades que apuntan hacia metas sociales y medioambientales, entre las que se incluyen el acceso a la vivienda asequible y la prestación de cuidados.

El respaldo de la ciudadanía a la economía social queda recogido en la encuesta mencionada por la Comisión Europea. El Eurobarómetro de octubre del año anterior indicó que el 75% de los participantes considera que estas entidades juegan un papel “relevante para la sociedad”, mientras que la mitad ha colaborado con alguna organización de este tipo en los últimos cinco años.

En cuanto a las perspectivas futuras, la Comisión Europea enfatizó que, pese a los progresos documentados, sigue siendo necesario priorizar mayores inversiones públicas y privadas, mejorar la recopilación y el análisis de datos, y reforzar los apoyos en los niveles regionales y locales. Según consignó la Comisión Europea, solo a través de la combinación de estos elementos y la mejora de los marcos legales y financieros se podrá garantizar un crecimiento sostenible y resiliente para el sector de la economía social en la Unión Europea.