Miguel Uribe Londoño denuncia un plan para asesinar a los fiscales que investigan el asesinato de su hijo

Entre los argumentos más destacados por Miguel Uribe Londoño, figura su decisión de poner en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la situación que viven los fiscales encargados de investigar el asesinato de su hijo. Planteó la solicitud de adoptar medidas cautelares de carácter urgente para garantizar la integridad de estos funcionarios y de sus familias, dado el nivel de riesgo detectado en el transcurso de las indagaciones sobre el crimen. Este planteamiento anuncia la extensión internacional del caso y refleja la gravedad percibida por el aspirante presidencial. Uribe Londoño responsabilizó tanto a las estructuras criminales implicadas en el crimen como a entidades estatales, señalando también presuntas omisiones del Gobierno nacional en la protección solicitada para su hijo.

De acuerdo con información difundida por diversos medios, entre ellos la nota de Europa Press, el candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano denunció este sábado la existencia de un plan organizado para asesinar a los fiscales responsables de esclarecer la muerte de su hijo, el senador Miguel Uribe Turbay. Uribe Turbay había resultado herido de bala durante un acto político en junio de 2025 y falleció dos meses después debido a la gravedad de las lesiones. En un comunicado emitido a través de sus redes sociales, Uribe Londoño calificó este crimen como un hecho de notable repercusión nacional, e indicó que la amenaza contra los investigadores es inmediata y real, involucrando la oferta de importantes sumas de dinero para atentar directamente contra sus vidas.

El aspirante reiteró que estas intimidaciones han sido reconocidas no solo por él, sino también por la propia Fiscalía General de Colombia. Según reportó Europa Press, Uribe Londoño alertó sobre la “información pública sobre ofrecimientos millonarios para atentar” contra la vida de los fiscales que llevan el caso. Como respuesta, exigió que las autoridades encargadas de la protección aumenten de inmediato y de forma efectiva las medidas de seguridad para todos los involucrados en la investigación, haciendo extensiva la solicitud a los integrantes de sus familias, dado el nivel de amenaza.

A través de un video difundido junto con el comunicado, Uribe Londoño atribuyó directamente responsabilidad política al presidente Gustavo Petro y a su administración en el hecho. Según publicó Europa Press, el candidato explicó que su hijo había advertido al Gobierno de los peligros existentes y había solicitado ampliación en los esquemas de seguridad, requerimiento que, de acuerdo con el denunciante, no fue atendido. Uribe Londoño aseguró: “El Gobierno de Petro le negó la protección a mi hijo a pesar del riesgo de seguridad que Miguel le dijo que tenía. Miguel sabía que lo podían matar porque había sido muy crítico con la paz total criminal de Petro”.

El asesinato de Miguel Uribe Turbay generó amplia repercusión en Colombia, evocando para muchos ciudadanos episodios de violencia política del pasado reciente, en particular los vividos durante las décadas de 1980 y 1990, cuando los atentados y asesinatos contra dirigentes políticos eran recurrentes. El senador murió después de que un joven de 15 años disparó contra él en el contexto de una actividad electoral, lo que impactó a la opinión pública y reabrió el debate sobre la protección a líderes políticos en el país.

Europa Press detalló que la Fiscalía colombiana, en el curso de la última semana, emitió órdenes de captura contra figuras destacadas de la disidencia conocida como Segunda Marquetalia, señalándolos como presuntos responsables intelectuales del hecho. A su vez, varios individuos ya han recibido sentencias relacionadas con el asesinato. Los condenados, Simeón Pérez Marroquín (alias ‘El Viejo’), Carlos Mora González y Katherine Martínez, enfrentarán penas de prisión que oscilan entre los 21 y 22 años.

Miguel Uribe Londoño afirmó en sus declaraciones la necesidad de garantizar la verdad y la justicia no solo en el caso de su hijo, sino también en la protección de quienes investigan los hechos, advirtiendo que el futuro de la democracia en Colombia depende del esclarecimiento de los crímenes y del respaldo institucional efectivo a fiscales y funcionarios judiciales bajo amenaza. Según consignó el medio, el candidato consideró que la gravedad del caso y los riesgos identificados exigen respuestas inmediatas de las autoridades.

La denuncia de Uribe Londoño también remite a la participación de organizaciones criminales con capacidad económica significativa. Según relató Europa Press, los ofrecimientos millonarios detectados forman parte de estrategias para obstruir las investigaciones y eliminar a testigos clave, por lo que pide la intervención de organismos internacionales a fin de prever nuevos actos de violencia y fortalecer la protección de los operadores de justicia.

A medida que se desarrollan las actuaciones judiciales, las autoridades judiciales colombianas han intensificado la vigilancia sobre las redes implicadas en la autoría del homicidio. Los avances, tanto en materia de órdenes de captura como en condenas dictadas, demuestran el carácter complejo de la investigación y su alcance sobre diferentes estructuras armadas. Según información difundida por Europa Press, la muerte de Uribe Turbay y las amenazas posteriores han puesto en discusión la efectividad de los mecanismos oficiales de seguridad en contextos de polarización política y criminalidad organizada.

Las declaraciones del candidato han encontrado eco en esferas locales e internacionales, que siguen de cerca la evolución del caso y las acciones tomadas para salvaguardar tanto la integridad de las víctimas como la independencia de los procesos judiciales relacionados, reportó Europa Press.