Erice (CGPJ) pide no revictimizar a víctimas de violación y dice que el sistema es "mejorable" tras el aviso de Fiscalía

El caso de Ángela González Carreño y su hija, quienes sufrieron consecuencias graves por falta de una protección adecuada de los servicios auxiliares en España, motivó una condena internacional al Estado español por parte del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) en 2014. Sobre este antecedente y su repercusión en la atención institucional a víctimas de violencia, la representante del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Esther Erice, resaltó la importancia de crear y perfeccionar una red de apoyo que acompañe el trabajo judicial. Esta demanda surge tras la advertencia de la Fiscalía relativa a deficiencias estructurales en la protección que ofrece el Estado a las víctimas de violencia sexual, según publicó Europa Press.

De acuerdo con lo expuesto por Esther Erice, el desarrollo de un sistema de asesoramiento específico y un acompañamiento constante para quienes denuncian violencia sexual resulta esencial para evitar procesos de revictimización. Erice, vocal del CGPJ e integrante del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, señaló que la minimización de la llamada “victimización secundaria” pasa, necesariamente, por el fortalecimiento de las oficinas de atención a las víctimas, la formación especializada de sus equipos y la puesta en marcha de protocolos actualizados.

Tal como reportó Europa Press, Erice defendió la puesta en marcha de servicios que brinden asesoramiento previo a la denuncia. Insistió en que es clave que las víctimas comprendan desde el principio el itinerario judicial que afrontarán. Para ello, consideró que los colegios de abogados juegan un papel relevante, ya que pueden orientar desde etapas tempranas del proceso y reforzar la confianza de las personas afectadas en el sistema.

La representante judicial afirmó que dentro del proceso legal se busca reducir la cantidad de declaraciones que las víctimas deben realizar, pues cada comparecencia puede suponer reiterar episodios dolorosos. Según detalló Erice a Europa Press, actualmente existen protocolos para que, durante la fase médica del procedimiento, la evaluación forense y ginecológica pueda realizarse en una única visita, evitando así desplazamientos y trámites duplicados que afectan a las víctimas. No obstante, advirtió que ciertas fases obligatorias del proceso siguen resultando complejas y difíciles de evitar.

El medio Europa Press detalló que estas declaraciones de Erice se conocieron luego de que la fiscal de Sala de Violencia contra la Mujer, María Eugenia Prendes, afirmara en el Foro Ser Cantabria que la totalidad de las mujeres que han denunciado una violación declararon que no volverían a denunciar por la experiencia vivida. Sobre este punto, Erice aclaró que el CGPJ no dispone de datos capaces de confirmar este porcentaje. No obstante, subrayó la necesidad de mejorar las condiciones del sistema para reducir los motivos que llevan a esta percepción negativa.

Erice manifestó que la actuación institucional en materia de violencia sexual debe entenderse como trabajo en red, en el que intervienen tanto los órganos judiciales como servicios auxiliares y entidades especializadas fuera del ámbito judicial. Según informó Europa Press, la vocal del CGPJ insistió en que la diversidad territorial genera diferencias importantes en la calidad y disponibilidad de estos servicios, observándose zonas donde la red de apoyo aún debe crearse o perfeccionarse.

La experta reconoció que no se puede generalizar respecto de la confianza de las víctimas en el sistema judicial, ya que esto varía en función de cada caso y del entorno en el que se produce la denuncia. En sus declaraciones, Erice reiteró varias veces que “el sistema es mejorable” y apuntó como desafíos centrales tanto la consolidación de redes como la formación y especialización de los profesionales que interactúan con víctimas en todas las etapas del proceso.

Por último, la representante del CGPJ resaltó que hay avances en la activación de protocolos orientados a la protección de quienes denuncian abusos sexuales, pero consideró que persisten retos para minimizar los daños secundarios que genera la intervención institucional. Según subrayó en conversación con Europa Press, es imperativo que la respuesta a la violencia sexual incluya asesoramiento personalizado, fortalecimiento institucional y una red de apoyo capaz de adaptarse a las necesidades de cada contexto.