El tribunal estadounidense de apelaciones había expresado previamente escepticismo respecto a la competencia de sus propios magistrados para intervenir en el litigio vinculado a la expropiación de YPF, según detalló el medio El País. Esta cuestión de jurisdicción se colocó en el centro del debate judicial y terminó inclinando la balanza, al analizarse la legalidad argentina aplicable al caso. El fallo reciente, reportó el mismo medio, anula la sentencia original que establecía una indemnización de 16.100 millones de dólares (equivalentes a 13.975 millones de euros) a favor de los demandantes.
De acuerdo con lo publicado por El País, el tribunal de apelaciones estableció que la instancia anterior interpretó incorrectamente la ley argentina relativa a la nacionalización de la petrolera en 2012. Esta decisión exime a Argentina de desembolsar la suma reclamada en primera instancia. En respuesta, el presidente Javier Milei difundió un comunicado en el que calificó la medida como “un hito histórico jurídico sin precedentes en la historia nacional que resguarda de manera directa los recursos de todos los argentinos y reafirma la solidez de la estrategia legal adoptada”.
La controversia se remonta a la estatización de YPF durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner. En esa oportunidad, el Congreso Nacional aprobó la iniciativa que permitió al Estado obtener la mayoría accionaria, al adquirir el 51% de la compañía, que hasta ese momento pertenecía a la empresa española Repsol. La nacionalización generó una cadena de litigios internacionales, especialmente con Repsol, y luego con diferentes fondos inversores que adquirieron derechos litigiosos de antiguos accionistas afectados.
El proceso judicial tomó un giro determinante cuando los fondos Burford Capital y Eton Park presentaron una demanda en tribunales estadounidenses después de haber adquirido los derechos de litigio de las sociedades Petersen Energía y Petersen Energía Inversora. Ambas entidades, constituidas en España pero parte del grupo argentino Petersen, tenían en posesión el 25% de las acciones de YPF cuando se concretó la expropiación. Tanto Burford Capital como Eton Park reclamaron una compensación bajo el argumento de que Argentina, tras hacerse con el control, tendría la obligación de lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el resto de las acciones que no correspondían a Repsol.
La jueza de distrito Loretta Preska había dictaminado en septiembre de 2023 que la nacionalización afectó los derechos de los litigantes y obligó al Estado argentino a depositar en una cuenta segura el 51% de las acciones expropiadas pertenecientes a YPF. Además, El País recordó que el 19 de marzo la Justicia estadounidense decidió suspender una orden de descubrimiento de pruebas, medida que habría permitido a los demandantes solicitar información sobre posibles activos embargables del Estado argentino, incluidas sus reservas de oro.
Durante la etapa de instrucción previa al fallo de segunda instancia, dos de los tres jueces ya habían expresado reservas sobre la competencia de la Justicia estadounidense, postura que finalmente se reflejó en el dictamen oficial del tribunal de apelaciones. El fallo concluyó que, dado que la legislación en disputa era la de Argentina, la jurisdicción correspondiente no era la estadounidense, lo cual también había expuesto la defensa legal del Estado nacional.
La sentencia ahora revocada había representado una presión financiera significativa sobre el Estado argentino, con el riesgo de un desembolso de casi 14.000 millones de euros y potenciales embargos sobre activos soberanos. La decisión de los jueces de segunda instancia revirtió no solo el impacto económico inmediato sino también el precedente jurídico sobre la jurisdicción extraterritorial en disputas que involucran a empresas argentinas con presencia internacional.
Tal como reportó El País, la situación judicial de YPF derivada de la expropiación de 2012 se tradujo en una prolongada disputa internacional con múltiples implicancias financieras, jurídicas y políticas. La anulación de la condena inicial pone el foco en la estrategia de defensa llevada adelante por Argentina y ofrece un respiro fiscal para la administración actual, al margen de la posibilidad de que los demandantes exploren nuevas instancias legales o apelen la decisión, según la interpretación de la coyuntura judicial expuesta en el informe del medio español.
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