Un informe del Gobierno recomienda juzgar al ex primer ministro Sharma Oli por los muertos en las marchas de 2025

El informe de la comisión creada por el Gobierno de Nepal para investigar los episodios de violencia ocurridos en septiembre de 2025 destaca que el Ejército nepalí había recibido previamente información que alertaba sobre el posible agravamiento de las protestas convocadas el 8 de ese mes. A partir de estos antecedentes y de la magnitud de los hechos registrados, la comisión recomienda iniciar procesos judiciales contra el ex primer ministro Sharma Oli y varios ex altos funcionarios respecto a la muerte de 77 personas durante las manifestaciones. Así lo informaron diversos medios del país tras la filtración del documento, según consignó The Kathmandu Post.

De acuerdo con lo publicado por The Kathmandu Post, la comisión, cuya labor estuvo impulsada por el Ejecutivo interino, evaluó la respuesta gubernamental ante las manifestaciones que se desencadenaron luego de la aprobación de una ley que restringía el acceso a principales plataformas de redes sociales. El informe identifica como responsables no solo al ex primer ministro Oli, sino también al ex ministro del Interior Gokarna Mani Dawadi, al jefe de la Policía Raju Aryal y al exjefe del Departamento de Investigación Nacional Hutaraj Thapa, entre otros. La recomendación principal del informe es que estas figuras enfrenten acciones en justicia conforme al Código Penal vigente.

El informe fue dado a conocer pocos días antes de la prevista investidura de los nuevos integrantes del Parlamento nepalí, en una ceremonia programada para este jueves. Sharma Oli, que encabezó el Ejecutivo en cuatro ocasiones, había enfrentado ya cuestionamientos en el pasado, pero perdió el cargo tras las protestas y una derrota electoral frente a Palendra Shah. Shah, quien había ejercido previamente como alcalde de Katmandú, obtuvo la jefatura de gobierno gracias a una campaña fundamentada en el relevo generacional en la política nacional y en la promesa de desterrar la corrupción y los privilegios de la élite tradicional. Sushila Karki, responsable interina del gobierno tras la salida de Oli, dejará el cargo a Shah una vez que concluya el proceso de transición.

The Kathmandu Post detalló que la cadena de protestas se originó por el malestar generado entre jóvenes y estudiantes tras la adopción de la mencionada ley digital. El informe subraya que las protestas derivaron en enfrentamientos violentos con las fuerzas del orden, que culminaron en 77 víctimas fatales y daños materiales valorados en millones en propiedades estatales y privadas. Sedes gubernamentales, el Parlamento y el Tribunal Supremo resultaron atacados en el segundo día de las revueltas, posterior a la renuncia del entonces primer ministro. El informe precisa que los asaltos a las instalaciones de las tres principales ramas del Estado habrían sido planificados.

La comisión interina consideró las declaraciones ante la investigación, entre ellas las del propio Sharma Oli, citado para esclarecer la actuación oficial ante los disturbios. El ex primer ministro reveló, según difundió The Kathmandu Post, que en su calidad de presidente del Consejo de Seguridad Nacional tenía la atribución de convocar reuniones extraordinarias y emitir directrices en situaciones de crisis. Además, sostuvo que la instrucción del Ejecutivo fue priorizar el uso restringido de la fuerza para minimizar víctimas mortales.

La filtración del informe coincide con un momento clave para el escenario político nepalí, dada la proximidad de los cambios en el Parlamento y la llegada de un Ejecutivo de nuevo perfil liderado por Palendra Shah. Según añadieron los medios locales citados por The Kathmandu Post, el documento representa una de las primeras pruebas para el nuevo gobierno, que deberá decidir cómo avanzar tras las conclusiones planteadas por la comisión.

En la investigación queda reflejado el nivel de responsabilidad que las autoridades asignan a los principales funcionarios del Ejecutivo y de los organismos de seguridad durante la represión de las protestas. Las conclusiones han generado una atención especial sobre el futuro legal de los ex líderes señalados y su eventual comparecencia ante la justicia por las muertes acontecidas en las marchas del año pasado.

La prensa local ha recogido también el impacto de las protestas en la opinión pública nepalí, dado que la represión resultó decisiva tanto para la caída del gobierno como para el aumento de las críticas hacia las restricciones de derechos digitales. Los resultados del informe y la futura respuesta institucional se presentan ahora como uno de los desafíos inmediatos del nuevo ciclo político en Nepal.