La Junta Electoral revoca su doctrina y suspende el uso del DNI digital para ejercer el voto, a instancia del PP

La reciente postura de la Junta Electoral Central sobre la suspensión del uso del Documento Nacional de Identidad en su formato digital para las elecciones ha generado nuevas condiciones para la verificación de la identidad de los votantes. Según informó Europa Press, la decisión se produce tras diversas solicitudes y presiones ejercidas en especial por el Partido Popular, que sostiene que la utilización del DNI digital únicamente a través de la muestra de la imagen con fotografía no resulta suficiente para asegurar la legitimidad del proceso electoral. De esta forma, la Junta ha determinado que el uso de credenciales electrónicas queda suspendido de cara a las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo y en tanto no se acredite un sistema de control considerado “suficientemente seguro”.

Desde septiembre pasado, la Junta Electoral Central permitía que los electores acreditaran su identidad con la versión digital del DNI o el carné de conducir, a través de las aplicaciones móviles oficiales desarrolladas por el Ministerio del Interior. Esta autorización se fundamentaba en el hecho de que las aplicaciones incluyen la fotografía y otros datos relevantes del titular, elementos equiparados a los del soporte físico, apuntó Europa Press. Sin embargo, la proposición del Partido Popular durante los procesos electorales previos en comunidades como Aragón y Castilla y León se centró en exigir controles adicionales: planteó que no solo se mostrara la imagen digital, sino que fuera necesario desplegar la aplicación en el móvil, generar un código QR único para cada elector y que este código se verificara en presencia de los responsables de las mesas electorales.

Los principales argumentos del PP se centraron en la necesidad de evitar potenciales riesgos y fortalecer las garantías, según publicó Europa Press. La agrupación insistió en que la sola visualización de la fotografía del DNI digital no ofrecía la suficiente fiabilidad. Consideró imprescindible que se dispusieran lectores de códigos QR autorizados en cada mesa y que estos dispositivos permitieran corroborar, en tiempo real, la autenticidad de cada elector. Además, advirtieron que en la práctica, el control de verificación de la aplicación móvil sin sistemas complementarios podría abrir dudas sobre la seguridad, motivo por el cual reclamaron la revisión de los procedimientos vigentes.

En un análisis efectuado por la propia Junta Electoral Central y tras consultar con el Ministerio del Interior, el organismo resolvió que las identificaciones digitales ya contenían los requisitos legales obligatorios: nombre, apellidos, número de documento y fotografía. Hasta ese momento, ninguna incidencia grave se había reportado a causa del uso de estos soportes electrónicos, consignó Europa Press. Exigir la validación mediante código QR se consideró un requisito adicional que el documento físico no presentaba, motivo por el cual la Junta, en un primer momento, había optado por mantener la equivalencia entre ambos formatos. Además, subrayaron las dificultades técnicas y logísticas para equipar a todas las mesas electorales de España con sistemas de escaneo de códigos QR que permitan validar la identidad digital de cada votante, señalando que la cobertura tecnológica no es uniforme en todo el territorio, lo que podría comprometer el derecho al voto en algunas áreas.

Pese a los argumentos técnicos y la vigencia de la norma anterior, la insistencia del Partido Popular en reforzar la confianza ciudadana derivó en una nueva petición remitida pocos días antes de las elecciones andaluzas. Según reportó Europa Press, el PP argumentó que los partidos deben priorizar la eliminación de toda sospecha que pudiera influir sobre la percepción pública respecto a la integridad de los procesos electorales. En esta ocasión, la Junta Electoral Central resolvió admitir la demanda, después de analizar los escritos presentados por la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía y la Dirección General de Política Interior.

Con esta decisión, la JEC acordó suspender los acuerdos que desde 2023 permitían el uso de aplicaciones oficiales como “MiDGT” y “MiDNI” para la identificación de los votantes, tanto en la modalidad presencial como en la de voto por correo. El organismo especificó que la suspensión regirá hasta que se disponga de una solución tecnológica que permita un proceso de verificación de la identidad calificado como suficientemente seguro, publicó Europa Press.

Tras la comunicación oficial de la Junta Electoral Central, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, manifestó su acuerdo con la suspensión aplicada al método digital. Según consignó Europa Press, Gamarra indicó que la principal preocupación del partido radicaba en garantizar la seguridad de todo el proceso electoral y evitar cualquier tipo de duda respecto a los mecanismos de identificación de los electores. Defendió que, hasta que no existan garantías tecnológicas suficientes, resulta más apropiado restringir el uso de soportes digitales y mantener los procedimientos tradicionales para preservar la confianza ciudadana en el sistema de votación.