"Me enseñaron una foto de mi bebé tirado en el suelo junto a unos palés", denuncia un perjudicado del caso ataúdes

Sergio F.G. detalló ante la Audiencia de Valladolid que fue notificado judicialmente como perjudicado en la causa conocida como 'caso ataúdes' y tuvo que ver una imagen de su hijo fallecido, de ocho meses, tendido en el suelo junto a troncos, palés y trozos de madera, en vez de reposar en el féretro por el que había pagado la familia. Además de narrar el impacto que le produjo esa revelación, Sergio recalcó la indignación que sintió al entregar a su ser querido y descubrir después el trato que recibió su cuerpo. Según informó Europa Press, esta situación forma parte del proceso en el que se investiga a veintitrés acusados del Grupo Funerario El Salvador, organización señalada por supuestamente cambiar los ataúdes contratados, poco antes de realizar la cremación.

Europa Press consignó que el juicio tomó un rumbo emotivo tras los testimonios de varios familiares, afectados de distintas maneras. Isabel R relató la muerte de su hija de dos años en 2005, tras un atropello, y cómo la niña, que medía cuarenta centímetros, fue finalmente colocada en un ataúd de adulto por falta de cajas más pequeñas, a pesar de la oposición familiar y sus deseos iniciales de realizar las exequias en Las Contiendas. Isabel declaró que un empleado de la funeraria intervino ante la familia en la rampa del hospital y logró gestionar los servicios, lo que derivó en una experiencia que calificó de devastadora para todos los allegados.

Durante la jornada, Mercedes P.A. compartió que tras recibir, por medio de la Policía Nacional, imágenes tomadas al cuerpo de su hermano —fallecido en 2009 y trasladado desde Leganés a Valladolid para su incineración—, comprobó que el cadáver aparecía desnudo sobre un palé de madera. Esta revelación la llevó a expresar su desconsuelo y a cuestionar el respeto hacia las personas fallecidas y sus familias. Europa Press informó que, como en otros casos, las instantáneas aportadas por las autoridades pusieron en cuestión la práctica del grupo funerario de incinerar los cuerpos en los féretros pactados.

Algunos familiares afectados verificaron, gracias a las fotografías revisadas durante la instrucción policial, que los ataúdes utilizados no correspondían a los comprados. Un caso representativo fue el de Gregorio Javier, quien relató haber pagado 4.600 euros por un féretro supuestamente de alta calidad para su padre, solo para constatar posteriormente que se trataba de uno básico, sin acolchado, tal como se evidenció en las imágenes a las que tuvo acceso. Europa Press reseñó que los afectados recalcaron tanto la pérdida económica como el daño emocional derivado de estas prácticas funerarias.

La sesión judicial reunió once testimonios de afectados que presentaron relatos similares. Entre ellos se encuentran Ángela de la R.F., Miguel Ángel C, Eduardo G. y Ana Isabel R., así como José Eugenio M. Tanto Ana Isabel como José Eugenio expresaron su incertidumbre respecto a si las cenizas recogidas tras la incineración pertenecen, realmente, a su madre y suegra, respectivamente. Esta duda se repite en varios casos, en los que la falta de control y garantía sobre los procedimientos realizados alimentó la desconfianza de los familiares.

Otro de los testimonios recogidos por Europa Press provino de Mónica F., quien evocó el fallecimiento de su padre en febrero de 2011. Mónica explicó que, al llegar al cementerio, el personal funerario evitó que los familiares presenciaran la cremación, cerrando cortinillas y suprimiendo la posibilidad de verificar el proceso. Aseguró sentirse engañada y desolada por lo ocurrido, y afirmó que la experiencia adquirió sentido tras conocer, junto al resto de familias, los nuevos detalles surgidos en la investigación. Mónica lamentó ser víctima de una manipulación y manifestó su esperanza en que los responsables reciban un castigo proporcional por los hechos, señalando además que algunos implicados continuaron prestando servicios funerarios tras el inicio del caso.

El medio Europa Press presentó que el ‘caso ataúdes’ también recibe el nombre de ‘Operación Ignis’ y centra su investigación en la práctica por parte del Grupo Funerario El Salvador de cambiar ataúdes contratados por otros de menor calidad o directamente no utilizarlos, antes del proceso de cremación. Los testimonios de los familiares durante el juicio describieron una variedad de irregularidades, desde la sustitución de féretros hasta el trato indigno a los cuerpos de los fallecidos. Estas denuncias motivaron no solo el proceso judicial actual, sino una profunda conmoción entre la comunidad de Valladolid, especialmente entre quienes confiaron sus servicios funerarios a dicho grupo.

Las manifestaciones de los afectados a lo largo de esta jornada judicial reflejaron no solo el dolor por las pérdidas sufridas, sino la indignación por las circunstancias en que se descubrieron los hechos investigados. El caso continúa generando repercusión pública mientras el proceso avanza con la declaración de los implicados y la presentación de nuevas pruebas.