El Defensor del Pueblo avisa del aumento de familias vulnerables afectadas por un desahucio

La necesidad de solicitar prórrogas continuas para permanecer en alojamientos temporales después de perder su vivienda habitual marca el proceso que muchas familias deben atravesar tras un desahucio. Según consignó el medio Europa Press, estos recursos de atención urgente presentan carencias, ya que no fueron creados como solución permanente, sino más bien como refugio excepcional ante situaciones de emergencia. En este contexto, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, destacó en su ‘Informe anual 2025’ el incremento de quejas recibidas por parte de familias vulnerables, muchas de ellas con menores, que han sido objeto de desahucios judiciales y enfrentan una profunda incertidumbre y precariedad habitacional ante la ausencia de respuestas institucionales.

Europa Press informó que las actuaciones de la Defensoría del Pueblo relacionadas con desahucios han pasado de 60 en 2023 a 102 en 2024 y a 142 en 2025, lo que pone de manifiesto un crecimiento sostenido en la magnitud del problema. El informe resalta que la principal preocupación expresada por los afectados es la falta de información clara sobre las alternativas disponibles tras el lanzamiento de su vivienda. Según publicó Europa Press, muchas familias manifiestan desconocer qué ocurrirá una vez ejecutado el desahucio, sintiéndose desatendidas frente a la pasividad de los servicios sociales, quienes frecuentemente improvisan soluciones a último momento.

En respuesta a este fenómeno, Ángel Gabilondo solicitó a las administraciones locales que implementen dispositivos de alojamiento temporal con suficiente antelación, anticipando la fecha prevista de ejecución del desahucio, tanto para minimizar la incertidumbre como para dotar a las personas afectadas de información veraz sobre las alternativas planificadas. Europa Press detalló que la Defensoría del Pueblo no solo ha orientado a las familias en la búsqueda de recursos, sino que también ha intervenido directamente ante los ayuntamientos, especialmente en situaciones de gravedad y ante la inminencia del lanzamiento, con el objetivo de garantizar la atención a las necesidades más urgentes de alojamiento.

Un aspecto que subraya la complicación de este problema es la provisionalidad que caracteriza los dispositivos de emergencia. El Defensor del Pueblo explicó que estos alojamientos temporales no están diseñados para albergar de forma estable a familias, y su acceso implica recurrir a solicitudes de renovación sucesivas, prolongando una situación de precariedad y desarraigo. Además, el informe difundido por Europa Press refleja cómo este sistema afecta especialmente a menores de edad dentro de las familias desalojadas, expuestos a situaciones de vulnerabilidad e inseguridad.

Europa Press también reportó que el Defensor del Pueblo otorgó espacio en su informe a las denuncias de propietarios y arrendadores. Estos sectores han hecho saber su malestar ante la moratoria antidesahucios—una medida legal vigente entre 2020 y 2025—y sobre la dilación en el cobro de las compensaciones económicas estipuladas para quienes vieron sus desahucios suspendidos judicialmente. Aunque la ley establece un plazo máximo de tres meses para resolver esas ayudas, en algunos casos la espera se extiende más allá del año, generando descontento e inseguridad jurídica entre los afectados.

El informe anual de la Defensoría del Pueblo, como resumió Europa Press, abordó el contexto estructural de la crisis habitacional en España, vinculando el incremento de desahucios y la precariedad residencial al sostenido aumento de los precios de compraventa y alquiler de vivienda en la última década. Ángel Gabilondo relacionó estos aumentos con una oferta insuficiente de vivienda, frente a una demanda creciente. El alza en los precios tanto de compra como de alquiler se ubicó por encima de la evolución de los salarios y del poder adquisitivo, dificultando cada vez más el acceso de la ciudadanía a una vivienda digna.

Esta presión recaída sobre el mercado de alquiler se observa con especial intensidad en grandes ciudades y municipios turísticos, donde la construcción de viviendas nuevas no responde al crecimiento de la población ni a la demanda existente. Además, Europa Press expuso que esta situación se ha agravado por el notable incremento de inmuebles destinados al alquiler turístico, un fenómeno que reduce la disponibilidad de viviendas habituales, aumenta los precios y, en consecuencia, repercute sobre el tejido social y la prestación de servicios públicos en los municipios afectados.

Otra consecuencia del encarecimiento de la vivienda es que muchas personas destinan una proporción excesiva de sus ingresos al pago del alquiler. Las quejas recogidas por el Defensor del Pueblo dan cuenta de las dificultades para acceder, sostener y mantener el alojamiento, tanto en comunidades autónomas como en ciudades medias y grandes. Estas dificultades no solo afectan la economía personal y familiar, sino que también evidencian la tensión entre la oferta real y la cobertura de ayudas públicas.

Según publicó Europa Press, los retrasos reiterados en el abono de los subsidios al alquiler constituyen otra preocupación para quienes dependen de estas ayudas. El Defensor del Pueblo precisó que tales ayudas llegan frecuentemente con meses de demora y no logran atender la totalidad de solicitudes que cumplen con los requisitos legales. A esto se suma el incremento de denuncias por molestias y problemas de convivencia ligados al aumento de las viviendas de alquiler turístico, así como el vandalismo derivado de situaciones de ocupación irregular.

Dentro de las recomendaciones expresadas, Europa Press indicó que el Defensor del Pueblo insistió en la necesidad de aplicar de forma estricta la Ley por el Derecho a la Vivienda. Considera necesario que esta normativa no solo sirva para regular los precios de alquiler, sino también para frenar el crecimiento del alquiler turístico, especialmente en áreas donde su impacto se ha dejado sentir fuertemente. Propuso, además, mantener y ampliar los programas de ayudas al alquiler, instruyendo a las administraciones autonómicas a gestionar dichas ayudas de forma rápida y eficiente—reforzando los medios destinados a la tramitación de las solicitudes para evitar los retrasos acumulados.

En línea con el mandato constitucional que reconoce el derecho a la vivienda digna en el artículo 47 de la Carta Magna, el Defensor del Pueblo señaló que los poderes públicos deben asumir la responsabilidad de crear las condiciones necesarias para garantizar este derecho. De acuerdo con Europa Press, apuntó como punto de partida el incremento del parque de vivienda pública y protegida en alquiler, con la meta de igualar al menos la media europea y priorizando la protección permanente frente a la venta.

En materia de transparencia y acceso a vivienda pública, Europa Press detalló que Ángel Gabilondo reiteró la importancia de procedimientos de adjudicación claros, basados en baremos objetivos y públicos, así como la necesidad de erradicar fenómenos como el chabolismo y la infravivienda. En cuanto al Bono Alquiler Joven, el informe de la Defensoría del Pueblo recogió tanto el elevado número de solicitudes recibidas como el agotamiento de los fondos disponibles, factores que impidieron la llegada oportuna de la ayuda a sus destinatarios.

El diagnóstico del Defensor del Pueblo recoge, en suma, el cruce de dificultades estructurales—como el aumento del parque de vivienda turística, la insuficiencia del parque público, la demora en ayudas y el sobreesfuerzo económico de los hogares—con la falta de planificación y respuestas institucionales eficaces ante los riesgos de pérdida de vivienda. Según viene alertando Europa Press desde la publicación del informe, la gestión ágil y previsible de los recursos públicos y la mejora de su transparencia han sido planteados como medidas esenciales para enfrentar la compleja realidad habitacional del país.