Suspendido el juicio contra seis acusados de prostituir y esclavizar a dos jóvenes en Mallorca a la espera de un acuerdo

Durante la instrucción judicial, una de las dificultades radicó en la aceptación del pago de 10.000 euros de indemnización que la Fiscalía exige para cada una de las víctimas, según consignó el medio de comunicación. Esta cantidad se ha convertido en el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo entre las partes en el caso que investiga la presunta trata y explotación sexual de dos jóvenes extranjeras en Mallorca. El tribunal balear pospuso el inicio del juicio mientras los abogados y la Fiscalía intentan cerrar un pacto, tal como detalló la Audiencia Provincial de Baleares.

El medio informó que la vista oral estaba programada para celebrarse el lunes en la Sección Segunda de la Audiencia, pero fue suspendida luego de que las partes comunicaran que requieren más tiempo para negociar los términos, particularmente en lo referente a la indemnización y la participación de uno de los abogados, quien se reportó enfermo. La intención del tribunal, reportó la fuente, es que este martes las partes regresen a intentar pactar, o bien se fije una nueva fecha para el juicio si no hay acuerdo.

De acuerdo con la Fiscalía, los seis procesados —cinco mujeres y un hombre— enfrentan acusaciones de delitos de recaptación, trata de seres humanos, pertenencia a organización criminal, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra la salud pública y blanqueo de capitales. La petición fiscal contempla un total de 48 años y cuatro meses de prisión y el pago de 633.500 euros entre multas y responsabilidades civiles. La principal acusada se enfrenta a la mayor parte de la condena, con 22 años y cuatro meses de prisión, una multa de 413.500 euros y una indemnización de 20.000 euros dirigida a las víctimas.

Según informó el medio, el escrito del fiscal indica que los hechos ocurrieron entre los años 2014 y 2019. Durante ese periodo, la organización se dedicó a captar a mujeres jóvenes en Colombia en situaciones de vulnerabilidad, a quienes engañaron convenciendo de que podían viajar a Mallorca con falsas promesas. Una vez en la isla, las menores quedaban sometidas a una servidumbre por deudas, obligadas a ejercer la prostitución en condiciones descritas por la Fiscalía como similares a la esclavitud.

El medio de comunicación explicó que las víctimas debían estar disponibles toda la jornada, sin recibir pago por el trabajo sexual, ya que los ingresos estaban supuestamente destinados a cubrir la deuda asumida con la organización. Las jóvenes residían hacinadas en una única habitación de un piso en Palma de Mallorca, donde permanecían al menos dos meses y, siempre según la acusación, eran obligadas a consumir cocaína.

La Fiscalía relató que, en 2019, las jóvenes trataron de llegar a Mallorca por primera vez engañando al control fronterizo, simulando que viajarían como turistas. Fueron interceptadas en Alemania y deportadas a Colombia. Posteriormente, la cabecilla de la red comunicó a las víctimas, a través de otra acusada, que sus deudas ascendían a ocho millones de pesos y que "si no le devolvían tal cantidad, las mandaría a cobrar", una amenaza que, indicaron, equivale en el país de origen a amenazar con quitarles la vida. Ante este temor, las jóvenes aceptaron viajar de nuevo hasta Mallorca, donde fueron sometidas a la explotación sexual descrita por el Ministerio Público.

Según publicó el medio, dentro de la organización criminal, cada acusado desempeñaba roles específicos, desde la captación de mujeres, la gestión del piso, la provisión de drogas, hasta la vigilancia constante de las víctimas. El grupo se mantenía estructurado y operaba en diferentes ámbitos para asegurar el control y la explotación de las jóvenes.

De acuerdo con las investigaciones difundidas por la Audiencia y el medio, la actividad ilícita de la supuesta cabecilla no se limitó a la trata de personas. Paralelo a la explotación sexual, la acusada gestionó una tienda de compra de oro donde adquiría objetos robados para su posterior venta, obteniendo alrededor de 300.661 euros. Entre los artículos incautados en el comercio se encontraron joyas, relojes de alta gama, gafas y artículos de diseño.

El informe de la Fiscalía, compartido también por el medio, describe que además la investigada creó dos empresas inexistentes: Librería Mallorca y Librería Menorca. Estas sociedades funcionaron como fachada para blanquear los fondos procedentes de la explotación, facilitando el movimiento de aproximadamente 516.411 euros entre 2015 y 2019, mediante el uso de datáfonos y cuentas vinculadas a las actividades delictivas.

Otro de los mecanismos identificados para el lavado de dinero se basó en la adquisición y reforma de inmuebles, cuyo valor se incrementó tras pagos en efectivo. Según documentó el fiscal y difundió el medio, estas operaciones sirvieron para amortizar préstamos y habilitar la compra de seis bienes inmuebles en Palma. El total del dinero "limpiado" a través de estas maniobras ascendió a aproximadamente 191.000 euros, de los cuales 172.000 euros terminaron invertidos en los mencionados inmuebles.

El Ministerio Público también determinó que la madre de la principal acusada colaboró en el esquema, consiguiendo 91.044 euros derivados de las operaciones ilícitas, según la acusación y la información del medio. La participación de familiares añade otra dimensión a la complejidad de la investigación sobre la organización criminal.

Las víctimas, actualmente declaradas testigos protegidas, aparecen como pieza clave en el proceso judicial. Los relatos recogidos reflejan las amenazas recibidas y las condiciones de vida sufridas tras el engaño y la coacción, aspectos subrayados por la Fiscalía y recogidos por el propio medio en su reporte del caso.

El proceso judicial queda momentáneamente suspendido, a la espera de las negociaciones entre abogados y las partes implicadas. La resolución depende de si logran consensuar la cuantía de la indemnización, uno de los aspectos centrales para las víctimas y sus representantes, tal como enfatizó el fiscal en sus argumentos presentados ante la Audiencia Provincial de Baleares y recogidos por el medio.