Palestina condena ataques de colonos y habla de "táctica deliberada" para "profundizar la guerra genocida"

El aumento del desplazamiento de palestinos en Cisjordania, que supera las 36.000 personas en el último año, refleja una intensificación de la violencia, según denuncias recientes de organismos internacionales. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos relacionó estos movimientos forzados con la escalada de acciones violentas atribuibles tanto a las fuerzas de seguridad como a colonos israelíes, incrementando los temores sobre posibles planes de limpieza étnica en la región. En este contexto, autoridades palestinas señalaron una “peligrosa escalada” en el territorio y exigieron respuestas concretas de la comunidad internacional.

De acuerdo con el medio original, el Gobierno palestino emitió un comunicado el lunes manifestando su condena a los ataques llevados a cabo por colonos israelíes en Cisjordania. Las autoridades acusaron a estas milicias y a las fuerzas de Israel de actuar de manera coordinada, integrando estos incidentes dentro de una estrategia premeditada dirigida a profundizar lo que definen como una guerra genocida contra la población palestina. Según consignó la fuente, el Ministerio de Exteriores de Palestina describió los hechos más recientes, ocurridos durante la celebración del Eid al Fitr al cierre del mes de Ramadán, donde viviendas y propiedades palestinas resultaron incendiadas.

El comunicado puntualizó que estos ataques representan un patrón creciente y sistemático de violencia, el cual sería respaldado y facilitado desde las estructuras estatales y militares israelíes. Tal como publicó el medio, desde octubre de 2023 se detectó un repunte notable de este tipo de episodios, aunque ya durante los primeros nueve meses de ese año se habían reportado cifras históricas de palestinos asesinados en estos territorios, las más altas en dos décadas desde la Segunda Intifada.

En el texto difundido por medios palestinos, el Ministerio de Exteriores afirmó que las acciones recientes, junto al mantenimiento de la ofensiva militar en Gaza y Cisjordania —incluida Jerusalén Este— y al cierre de la mezquita de Al Aqsa y otros lugares sagrados, formarían parte de una estrategia amplia para mantener el dominio sobre la población palestina. El gobierno palestino afirmó que tales medidas constituyen crímenes de guerra y delitos contra la humanidad.

La nota difundida reclamó acción internacional, pidiendo a los gobiernos y organismos multilaterales ir más allá de las condenas formales. Entre las demandas específicas planteadas figura la aplicación de sanciones concretas, como el desarme de los colonos, la inclusión de responsables en listas internacionales de terroristas, la prohibición de viajes, así como la congelación de fondos y bienes relacionados con los asentamientos. El comunicado hizo énfasis en que se requiere la implementación de resoluciones de Naciones Unidas para frenar lo que consideran una campaña planificada de violencia y desplazamiento.

El comunicado agregaba que las autoridades palestinas continuarán sus esfuerzos diplomáticos ante foros internacionales, con la finalidad de lograr protección externa para la población del territorio ocupado. Además, expresaron su interés en activar instrumentos jurídicos multilaterales para que quienes consideren responsables de estos crímenes, incluidos funcionarios y representantes del sistema de asentamientos, comparezcan ante la justicia internacional.

Según consignó la fuente, el gobierno palestino advirtió que percibe una aprovechamiento de la coyuntura internacional por parte de Israel, en particular en el contexto de la crisis militar desencadenada tras los recientes acontecimientos entre Israel, Estados Unidos e Irán. Las autoridades palestinas recalcaron que estas circunstancias han permitido que se intensifiquen las medidas represivas y los episodios violentos contra la población palestina en Cisjordania.

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) aportó cifras que ilustran la magnitud de la situación: en el inicio de 2025, se habían documentado 240 muertes de palestinos —entre ellos, 55 menores— causadas por fuerzas israelíes o colonos. Según reportó el medio que cubrió la información, los datos desglosan 225 decesos en acciones militares o policiales, nueve en ataques directos de colonos y seis en circunstancias aún no esclarecidas en cuanto a la autoría.

La fuente también subrayó que, en su comunicado, el Ministerio palestino de Exteriores califica la actuación de colonos y el ejército israelí en torno a los asentamientos como parte de un “régimen colonial”, insistiendo en la urgencia de medidas globales orientadas a limitar los asentamientos, sancionar a sus promotores y garantizar sanciones efectivas contra quienes perpetúan esta política.

El repunte de violencia coincide con el cierre recurrente de la mezquita de Al Aqsa y de otros lugares de culto musulmanes y cristianos en Jerusalén, acciones que según el Ministerio de Exteriores de Palestina contribuyen a la estrategia de presión y desplazamiento. Paralelamente, las cifras récord de muertes y desplazamientos forzados se han acumulado en un contexto en el que, de acuerdo con reportes de Naciones Unidas, la estructura de violencia y ocupación sigue arraigada en la vida cotidiana palestina.

Frente a este panorama, la petición de Palestina a la comunidad internacional insiste en la activación de mecanismos de protección colectiva, recursos legales y sanciones económicas para frenar los crímenes denunciados y para que los responsables individuales y colectivos asuman las consecuencias ante instancias internacionales. Las autoridades argumentan que el ciclo de violencia y desplazamiento en Cisjordania y Jerusalén Este, sumado a las campañas militares y el cierre de lugares sagrados, representa una amenaza continuada al tejido social palestino y pone en riesgo la estabilidad regional.