Meloni reconoce su fracaso en el referéndum sobre la reforma judicial: "La soberanía pertenece al pueblo"

El rechazo a la reforma judicial en Italia se centra en las críticas al mecanismo de sorteo para designar a algunos miembros del Consejo Superior de la Judicatura, ya que una parte significativa de la ciudadanía sostiene que eliminaría representatividad sin aportar una mayor imparcialidad, y acentuaría la asimetría entre los cargos elegidos por el Parlamento y los seleccionados por los magistrados. Este tema fue uno de los ejes de la campaña opositora, mientras que otros sectores señalaron que la separación de las carreras judiciales, medida principal de la propuesta impulsada desde el Ejecutivo, se basa en un problema inexistente, ya que actualmente el traspaso de jueces a fiscales y viceversa solo puede realizarse una vez y bajo condiciones restrictivas. En este contexto, la primera ministra Giorgia Meloni admitió públicamente la derrota tras conocerse que casi el 54% de los votantes optaron por el “no” en el referéndum, según reportó el medio Europa Press.

De acuerdo con los resultados preliminares difundidos por el Ministerio del Interior y consignados por Europa Press, el 53,92% de los ciudadanos rechazó la reforma frente a un 46,08% que dio su apoyo. La participación electoral alcanzó el 58,51% en los dos días de consulta, proceso en el que se abordaron cambios a los artículos 87, 102, 104, 105, 106, 107 y 110 de la Constitución. Europa Press detalló que Meloni, electa primera ministra en 2022, reconoció la decisión de la ciudadanía con un mensaje grabado en video: “La soberanía pertenece al pueblo y los italianos hoy se han expresado con claridad. El Gobierno hizo lo que había prometido: llevar adelante una reforma de la justicia que estaba escrita en nuestro programa electoral. La hemos apoyado hasta el final y después hemos dejado la elección en manos de los ciudadanos”, afirmó.

El referéndum, de carácter confirmatorio y sin necesidad de alcanzar un quórum para validar el resultado, se celebró durante dos jornadas, con cierre de los colegios electorales este lunes hacia las 15.00 horas (hora local). La propuesta del Gobierno contemplaba una remodelación sustancial del funcionamiento judicial en Italia, y según publicó Europa Press, la reforma incluía la separación de las carreras de jueces y fiscales en órganos totalmente independientes, cada uno con su respectivo consejo superior y un nuevo órgano disciplinario común para la supervisión de magistrados.

Los detractores señalaron, según informó Europa Press, el riesgo que, a su entender, supone convertir a los fiscales en un organismo independiente regulado por su propio consejo superior: advierten que esto podría alejarlos de la cultura profesional compartida con los jueces y transformarlos en figuras más cercanas a agentes de policía, con una orientación hacia la obtención de detenciones y condenas, en vez de una visión judicial integral. Además, la oposición sostuvo que la medida aumentaría la burocracia y los costes, ya que implicaría la creación de hasta tres organismos distintos para funciones que hoy corresponden a uno solo, sin resolver las ineficiencias del sistema judicial.

Otras críticas recogidas por Europa Press apuntan a la naturaleza misma de la consulta. Desde sectores contrarios al proyecto aseguraron que, si el Ejecutivo realmente hubiera buscado separar las carreras judiciales, habría sido suficiente con tramitar una ley ordinaria en vez de modificar la Constitución. La reforma, que no logró la aprobación de dos tercios del Parlamento en octubre de 2025, correspondía entonces someterse a referéndum según la normativa vigente, dado que se trataba de una modificación constitucional.

El medio Europa Press recordó que la legislación impulsada por el Ejecutivo de Meloni retoma iniciativas previamente promovidas durante el mandato de Silvio Berlusconi como primer ministro, en el contexto de las repercusiones del escándalo de ‘Manos Limpias’. Si bien la reforma fue aprobada parlamentariamente, la falta de mayoría cualificada forzó su paso a una consulta popular para determinar su entrada en vigor.

Meloni, en su mensaje oficial citado por Europa Press, lamentó la ocasión perdida de modernizar el país en términos judiciales, aunque reiteró su respeto al veredicto ciudadano: “Queda claramente el pesar por una oportunidad perdida de modernizar Italia, pero esto no cambia nuestro compromiso para continuar, con seriedad y determinación, trabajando por el bien de la nación y para honrar el mandato que se nos ha encomendado”. La situación deja un escenario político en el que la líder del Ejecutivo reafirma su disposición a seguir gobernando y ejecutando su programa, pese al revés en una de sus principales propuestas de reforma institucional.

La separación propuesta entre jueces y fiscales y la conformación de consejos superiores autónomos pretendían, según la versión promovida por el Gobierno y consignada por Europa Press, poner fin al “faccionalismo” en el seno del Consejo Superior de la Judicatura, organismo compuesto por 33 miembros, de los cuales 20 los eligen los propios magistrados y 10 el Parlamento. El método del sorteo para seleccionar algunos representantes fue uno de los elementos más discutidos, con argumentos de sus críticos sobre la posible pérdida de legitimidad democrática y la apertura a influencias políticas de los cargos designados por vía parlamentaria, en contraste con los elegidos por los profesionales del sector.

Según detalló el medio Europa Press, la consulta no exigía mayoría mínima de participación para ser válida y deja abierta la discusión sobre el futuro inmediato de los planes de reforma judicial en Italia, en un contexto donde la polarización política y las sospechas de intenciones partidistas han marcado el debate sobre la independencia de jueces y fiscales y sobre el diseño institucional de la justicia italiana.