Comienza en Grecia el juicio por el accidente de tren de Tempe, que se saldó con casi 60 muertos

La investigación abierta contra el exministro de Transporte Kostas Karamanlis por presunto incumplimiento de deber se desarrolla en paralelo al inicio del juicio principal por el accidente ferroviario de Tempe, según consignó el diario griego Kathimerini. Los familiares de las víctimas continúan exigiendo responsabilidades a las autoridades y reclaman avances concretos en la determinación de quiénes fueron responsables si el accidente se debió a errores humanos, fallos sistémicos o la falta de modernización en la red ferroviaria.

De acuerdo con la información de Kathimerini, el juicio más amplio de Grecia comenzó este lunes en Larisa, donde 36 acusados enfrentan procedimientos legales a raíz de la colisión entre un tren de pasajeros y uno de mercancías el 28 de febrero de 2023, en la localidad de Tempe. El choque se cobró la vida de 57 personas y se posiciona como el incidente ferroviario más mortal que ha registrado el país. Las audiencias cuentan con la presencia de más de 350 personas convocadas a declarar, una cifra que incluye a supervivientes, familiares de las víctimas, sindicalistas, directivos empresariales y otros individuos considerados clave en el caso.

Según publicó Kathimerini, la tensión en torno al proceso judicial ha ido en aumento, con familiares y colectivos que muestran su insatisfacción por el desarrollo y los resultados de las pesquisas, argumentando que las investigaciones no han identificado o procesado todavía a los posibles responsables políticos del desastre. Entre los 36 acusados no figura ningún representante gubernamental o político. Del total, 33 enfrentan cargos por "interferir de forma peligrosa en el transporte ferroviario", una imputación que puede derivar en una condena de cadena perpetua. Otros involucrados tienen cargos adicionales por homicidio involuntario y negligencia.

Dentro del grupo de acusados, destaca el jefe de la estación de Larisa, señalado como principal responsable por ordenar el desvío de un tren de pasajeros hacia una vía ocupada, lo que derivó en el choque frontal con el tren de carga. También han sido encausados dos jefes de estación más, quienes habrían abandonado sus puestos antes de cumplir con su turno, y el responsable de inspección local de la compañía ferroviaria nacional (OSE) por posibles omisiones en el control y supervisión de la seguridad.

Como contexto, la tragedia oprimió el ánimo de la opinión pública griega y suscitó masivas protestas, según Kathimerini, pues diversos sectores sociales atribuyeron el siniestro a décadas de falta de inversiones en infraestructura ferroviaria y demoras en la ejecución de mejoras técnicas. El tren de pasajeros accidentado operaba la ruta entre Atenas y Salónica cuando ocurrió la colisión, unas circunstancias que aumentaron el debate público sobre el estado de la red y la seguridad en los viajes.

En paralelo al juicio principal, las autoridades han iniciado procedimientos judiciales en Atenas contra la Autoridad Nacional de Transparencia por supuestos retrasos en la aplicación de un programa financiado por la Unión Europea, destinado a renovar los sistemas de control remoto y mejorar la seguridad ferroviaria. Según Kathimerini, esta vía judicial fue impulsada tras constatar demoras significativas en la modernización de la red nacional de ferrocarriles, un elemento que, para muchos, estaría vinculado de manera directa con las condiciones en las que se produjo el accidente.

Las sesiones en Larisa se prevén extensas debido a la cantidad de implicados y testigos. Entre quienes han sido llamados a declarar figuran, además de víctimas y familiares, miembros de sindicatos y ejecutivos de compañías relacionadas con la gestión y operación ferroviaria. La magnitud del proceso judicial refleja la complejidad del caso, en el que se entrelazan cuestiones técnicas, laborales y de administración pública.

Tal como reportó Kathimerini, la presión social y mediática en torno al juicio mantiene el foco en las posibles responsabilidades tanto individuales como institucionales. La investigación se perfila como determinante para evaluar la actuación de los involucrados y establecer la responsabilidad ante uno de los episodios más trágicos del sector ferroviario en Grecia. Las resoluciones que surjan de estos procesos judiciales resultarán determinantes para el futuro de la red de trenes y la confianza de la población en las instituciones encargadas de velar por la seguridad del transporte público.