La sala destinada al juicio se ha convertido en uno de los principales focos de críticas por parte de los familiares de las víctimas, quienes denunciaron que el espacio no ofrece las condiciones básicas necesarias para un proceso judicial de tales dimensiones. La premura y el espacio reducido restringieron el acceso de muchas personas interesadas en seguir las audiencias. Según publicó el diario ‘Ta Nea’, los familiares tildaron la situación de “lamentable”, mientras gritaban y abucheaban, exigiendo respeto y mejores condiciones para el desarrollo del caso que consideran histórico. En paralelo, el tribunal a cargo, presidido por Georgia Stefanidou, determinó aplazar el inicio del juicio hasta el 1 de abril, apenas unas horas después de que comenzara en la ciudad de Larisa.
De acuerdo con la información difundida por ‘Ta Nea’ y recogida por el medio ‘Kathimerini’, la molestia de los familiares no solo respondía a cuestiones logísticas, sino también a la percepción de que las investigaciones y la instrucción del caso no han identificado a todos los responsables del accidente ferroviario ocurrido en Tempe en febrero de 2023, donde murieron 57 personas. Tras tres años de espera, la impaciencia creció durante la tensa vista, en la que varios asistentes denunciaron irregularidades y los abogados de las víctimas alertaron sobre supuestos “chantajes” y la posibilidad de vulnerar el derecho a un juicio justo.
Según informó ‘Ta Nea’, los representantes legales de las familias de las víctimas manifestaron su preocupación por la elección de una sala de dimensiones insuficientes, que impedía el acceso y la presencia adecuada de todos los interesados, en especial considerando la gran cantidad de testigos y encausados implicados en el proceso. Estas críticas llevaron a que numerosos asistentes alzaran la voz acusando de negligencia a las autoridades judiciales encargadas de organizar el juicio, reclamando mayor transparencia y condiciones adecuadas para llevar adelante las audiencias.
En este proceso están implicadas 36 personas, entre las que figuran responsables ferroviarios y empleados de la compañía nacional OSE. No se incluyó a figuras políticas en la lista de acusados. Según consignó el medio ‘Kathimerini’, de los implicados, 33 fueron imputados con el cargo de “interferencia peligrosa en el transporte ferroviario”, un delito que podría implicar penas de cadena perpetua. Los cargos se ampliaron para incluir, en ciertos casos, homicidio involuntario y negligencia.
El accidente ocurrido en Tempe involucró a un tren de pasajeros que circulaba entre Atenas y Salónica y fue desviado a una vía equivocada, lo que ocasionó una colisión frontal con un tren de mercancías. Esta maniobra, que según ‘Kathimerini’ recayó en el jefe de la estación de Larisa, figura como uno de los principales hechos analizados en el proceso judicial. A este empleado se suman otros dos jefes de estación acusados de abandonar sus puestos antes de concluir sus turnos, así como el responsable de inspección local de OSE.
En paralelo a este juicio, las autoridades mantienen abiertas otras investigaciones. Entre ellas destaca la dirigida contra el exministro de Transporte griego, Kostas Karamanlis, quien está bajo la mira por presunto incumplimiento de deber, de acuerdo con datos recabados por ‘Kathimerini’. Además, en Atenas dio inicio un proceso legal contra la Autoridad Nacional de Transparencia, institución a la que se atribuye un retraso significativo en la adopción de un proyecto financiado por la Unión Europea cuyo objetivo era modernizar la red ferroviaria y los sistemas de control remoto en el país.
‘Ta Nea’ mencionó que dada la magnitud del caso, el juicio se perfila como extenso en duración. La cantidad de personas convocadas a declarar supera los 350 testigos, entre quienes se encuentran sobrevivientes, familiares de víctimas, funcionarios de sindicatos y ejecutivos de empresas ferroviarias. La complejidad del proceso quedó reflejada en la diversidad de implicados y el alcance de las imputaciones.
Las consecuencias del accidente de Tempe propiciaron protestas a gran escala a lo largo del país. Gran parte de la sociedad atribuyó la tragedia a décadas de descuido y falta de inversión en la infraestructura ferroviaria, según describió ‘Kathimerini’. Las movilizaciones ciudadanas reflejaron el descontento generalizado hacia la gestión del sector y la demanda de responsabilidades claras de parte de las autoridades y de la empresa operadora.
En síntesis, el inicio accidentado del juicio, pospuesto hasta el 1 de abril, ilustra las múltiples tensiones asociadas a la búsqueda de justicia para las víctimas del accidente ferroviario más grave en la historia de Grecia. Los reclamos por un proceso justo y transparente continúan, mientras la atención pública permanece centrada en el desarrollo de las causas judiciales y administrativas relacionadas con el suceso.
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