
La Comisión Europea lleva tiempo señalando que los riesgos ligados a fenómenos climáticos, problemas sanitarios en cultivos o animales y la volatilidad de los precios representan elementos inherentes a la actividad agraria. Bajo este contexto, el Partido Popular ha presentado una propuesta de ley en el Congreso con el objetivo de modificar la legislación vigente y ampliar la cobertura de las pólizas de seguros agrarios más allá de los daños provocados por factores meteorológicos. Según recogió Europa Press, la iniciativa busca que los agricultores puedan asegurarse frente a las oscilaciones del mercado, contemplando la caída de precios, cambios en la demanda y dificultades en el acceso a mercados como riesgos cubiertos.
En la propuesta legislativa, el principal partido de la oposición argumenta que los mecanismos existentes han resultado insuficientes para proteger a los productores frente a la volatilidad de los ingresos, una situación que, según la experiencia acumulada en los últimos años y las reiteradas reclamaciones de agricultores, se ha acentuado de manera significativa. Tal como informó Europa Press, las pólizas nacionales de seguros agrarios han estado tradicionalmente configuradas para resguardar las explotaciones de pérdidas ocasionadas por eventos meteorológicos adversos como tormentas, granizadas o sequías, así como de riesgos sanitarios o plagas. No obstante, este enfoque excluye los efectos negativos derivados de las oscilaciones en los precios de mercado, lo que, según el PP, deja expuestos a los productores ante caídas abruptas de rentabilidad que dificulta la sostenibilidad del sector.
Europa Press detalló que la propuesta de ley persigue la modificación de la Ley de Seguros Agrarios de 1978 y su correspondiente reglamento, de manera que se amplíe el catálogo de riesgos asegurables para incluir aquellos relacionados con los ingresos o rentas del agricultor. El texto promueve la incorporación en las pólizas de cláusulas que reflejen la variabilidad de los precios en los productos agrícolas, alteraciones en la demanda y contingencias derivadas de problemas de acceso a los mercados. El objetivo, según el PP, reside en garantizar la rentabilidad y viabilidad económica de las explotaciones agrarias frente a un escenario de incertidumbre y volatilidad creciente.
La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo argumenta en el articulado de la proposición que la Política Agraria Común (PAC) ya ha dado pasos hacia el reconocimiento de los riesgos de índole económica, aunque en el caso de España, la protección está limitada, y los instrumentos actuales carecen del alcance suficiente para afrontar la creciente imprevisibilidad de los ingresos agrarios. Tal como publica Europa Press, la propuesta del PP subraya que las demandas del propio sector agrícola, incluso en el presente, revelan la necesidad de un sistema de seguros más robusto e integral.
Para el desarrollo técnico de los nuevos modelos de cálculo de riesgos y su adecuada implementación, la iniciativa contempla la creación de un grupo de trabajo dentro de Enesa, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura. De acuerdo con el texto presentado y difundido por Europa Press, el grupo tendría la tarea de definir parámetros de referencia y establecer cifras que permitan valorar los riesgos vinculados a los ingresos y rentas, un proceso que se espera completar y plasmar en el Plan de Seguros Agrarios en el plazo de un año desde la aprobación de la ley.
Además de la cobertura tradicional frente a adversidades climáticas u outbreaks sanitarios, la reforma pretende ofrecer respuestas ante situaciones como caídas bruscas en los precios internacionales, alteraciones en el comercio global agrícola, restricciones logísticas y otras dinámicas que puedan afectar de forma directa al balance económico de las explotaciones. Esta ampliación de la protección busca responder, según el PP y lo consignó Europa Press, a las demandas reiteradas de los productores, quienes en los últimos ejercicios han enfrentado una volatilidad en los precios que ha puesto en cuestión la estabilidad del sector.
El debate parlamentario sobre la proposición de ley se prevé en el pleno de la próxima semana. Según Europa Press, la iniciativa del PP se suma a una serie de medidas reclamadas por las organizaciones agrarias y alimentarias, que desde hace tiempo instan a incrementar la capacidad de respuesta del sistema de seguros frente a los desafíos del mercado. La propuesta también contempla la eventual incorporación de otras fórmulas complementarias de gestión de riesgos, en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea.
El PP plantea que, al contemplar los riesgos económicos en la legislación, los seguros agrarios nacionales podrían equipararse a modelos de referencia en otros países de la Unión Europea, donde la legislación ha comenzado a adaptarse para proteger a los productores ante las fluctuaciones del mercado internacional. Europa Press resalta que la demanda de mecanismos para garantizar ingresos mínimos y rentabilidad ante inestabilidad ha cobrado protagonismo en el debate público agrario en los últimos años.
Según el texto de la proposición, la inclusión de nuevas cláusulas en las pólizas requerirá una actualización y ajuste del marco normativo y de los sistemas de valoración, por lo que la colaboración entre las entidades aseguradoras, el Ministerio de Agricultura y las organizaciones agrarias será fundamental para su desarrollo. Tal como informa Europa Press, la labor del grupo de trabajo de Enesa se enfocará inicialmente en establecer estándares técnicos y económicos para incorporar las oscilaciones del mercado como un riesgo asegurable en el plazo exigido.
De acuerdo con Europa Press, la presentación de la iniciativa ha generado expectativas entre los productores y en el sector asegurador, ya que la propuesta podría representar un cambio importante en el esquema tradicional de protección agraria en España. Además, el planteamiento del PP responde a la creciente preocupación por la sostenibilidad económica y el cumplimiento de los compromisos comunitarios relacionados con la resiliencia y la competitividad del sector primario.
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