Un tribunal federal declara inconstitucionales las restricciones de acceso a la prensa impuestas por el Pentágono

El dictamen judicial de 40 páginas elaborado por Paul Friedman subraya que la libertad de prensa mantiene una relevancia particular ante el contexto actual, marcado por la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela y la persistencia de un conflicto con Irán. La sentencia afirma que la ciudadanía necesita acceder a información proveniente de múltiples perspectivas sobre las actividades gubernamentales. De acuerdo con lo expuesto por Friedman y citado por el medio ‘The New York Times’, la única manera en que los ciudadanos pueden tomar decisiones informadas respecto al respaldo, protesta o ejercicio de su voto es contando con datos completos y abiertos.

El medio ‘The New York Times’ reportó que un tribunal federal en Washington declaró inconstitucionales las restricciones implementadas por el Departamento de Defensa respecto al acceso de la prensa al Pentágono. Según informó dicho medio, el juez federal de distrito del distrito de Columbia, Paul Friedman, otorgó la razón al diario tras la demanda presentada por este, la cual buscaba resistir lo que consideraba una actuación excesiva del Secretario de Defensa y del propio Departamento. El fallo sostiene que las limitaciones oficiales violaban los principios de la Primera Enmienda, al obstaculizar la posibilidad de que periodistas independientes accedieran sin trabas a información relevante, en particular en asuntos vinculados a la seguridad nacional.

La resolución judicial se centra en el sistema de acreditaciones PFAC, es decir, las credenciales otorgadas a los periodistas que cubren regularmente las actividades del Pentágono. Según consignó ‘The New York Times’, el fallo destaca que estos profesionales han trabajado durante más de cuatro décadas en el departamento, y su presencia ha contribuido a mejorar no sólo la profundidad y el detalle informativo, sino también la calidad y precisión de las coberturas sobre decisiones y operativos de seguridad nacional.

El juez Friedman plantea que la presencia constante de la prensa dentro del Pentágono ha permitido una vigilancia informada sobre el funcionamiento del Departamento y su liderazgo en situaciones históricas de alta relevancia para el país. El dictamen del tribunal considera que restringir esa presencia equivaldría a debilitar las informaciones que la sociedad recibe sobre operaciones gubernamentales claves.

El medio ‘The New York Times’ detalló que el fallo representa un revés para las políticas mediáticas restrictivas aplicadas desde el regreso de Donald Trump a la presidencia. De acuerdo con lo recogido en la sentencia, los cambios promovidos por el Departamento de Defensa en el último año otorgaban al Pentágono la facultad de limitar o silenciar a periodistas y medios cuya cobertura no resultara favorable a los intereses de la administración. El tribunal sostuvo que esto constituía una vulneración de las garantías constitucionales, como la libertad de expresión y el debido proceso.

‘The New York Times’ explicó que durante 2025, el gobierno estadounidense argumentó reiteradamente que las políticas revisadas sobre acreditaciones de prensa eran razonables y necesarias para proteger la seguridad nacional. No obstante, las transformaciones implementadas incluyeron restricciones más severas a la movilidad y accesibilidad de los periodistas dentro del Pentágono. En mayo, el Departamento aprobó nuevas medidas que limitaron la circulación de los equipos de prensa en áreas previamente abiertas, entre ellas las oficinas cercanas al secretario del Departamento, y dispuso la necesidad de escolta oficial para ingresar a otros espacios internos.

El propio texto de dichas medidas, citado por el medio, sostenía que estos cambios buscaban reducir cualquier posibilidad de divulgación accidental o no autorizada de información presencialmente. A pesar de que la normativa endureció los requisitos, el Departamento de Defensa no expuso incidentes específicos que justificaran la adopción de un marco más estricto.

La situación evolucionó en septiembre con la obligación impuesta a los periodistas acreditados de firmar un compromiso de cumplimiento, donde se especificaban nuevas condiciones y normas de seguridad adicionales para el acceso. Además, el Departamento incluyó la prerrogativa de denegar, revocar o no renovar las credenciales en caso de que, a criterio de la autoridad, el periodista representara un “riesgo”, entre las razones se enumeraban intentos considerados indebidos de obtención de información o incluso la mera posesión de información no notificada.

‘The New York Times’ informó que estas medidas llegaron a su máxima expresión a partir de octubre del mismo año, cuando el portavoz Sean Parnell anunció la “próxima generación del cuerpo de prensa del Pentágono”. Según Parnell, los medios que aceptaron las nuevas reglas “eludían las mentiras de los medios tradicionales y llevaban noticias reales al pueblo estadounidense”. Según el documento judicial, en consecuencia, la composición del cuerpo de periodistas acreditados se redujo a medios y profesionales cuyos perfiles resultaban alineados ideológicamente con la administración republicana, limitando así la diversidad periodística en la institución.

El juez Friedman concluyó en su resolución que “uno de los objetivos principales de la Primera Enmienda es permitir que la prensa publique lo que desee y que el público lea lo que elija, sin ningún tipo de prohibición oficial”. Añadió que la confianza de los redactores de la Constitución sobre la importancia de una prensa libre ha garantizado la seguridad nacional casi 250 años y manifestó la necesidad de preservar ese principio ante las nuevas restricciones gubernamentales.

De acuerdo con los documentos presentados ante el tribunal y recogidos por ‘The New York Times’, la enmienda de las políticas de acceso también habilitaba al Departamento de Defensa a ejercer controles más exhaustivos en la selección y permanencia de los medios dentro del Pentágono, lo cual resultó en la exclusión de periodistas y organizaciones cuya línea editorial mostrara desacuerdo con el poder ejecutivo. El fallo dictado por el tribunal de Columbia, en consecuencia, rechaza de plano la legalidad de estas limitaciones y refuerza el criterio de que el acceso a fuentes oficiales, especialmente en contextos de seguridad nacional, debe responder a principios constitucionales que privilegian la libertad, la pluralidad y la transparencia informativa.

Según publicó ‘The New York Times’, la decisión del juez Friedman implica el restablecimiento de garantías para que la prensa pueda desempeñar su función de vigilancia y de provisión de información a la ciudadanía sin someterse a obstáculos arbitrarios o sanciones vinculadas al contenido de las coberturas.