Condenan a 22 años de prisión a un acusado por el asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó públicamente las acusaciones previas que vincularon a su gobierno con el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Petro utilizó sus redes sociales para señalar: “¿Dónde está la rectificación?” de quienes señalaron a su Ejecutivo por el crimen, “ahora que hay una persona confesa”. Así, el mandatario reaccionó tras conocerse la condena impuesta a Simeón Pérez Marroquín, conocido como “El Viejo”, por su participación en el asesinato del senador y candidato presidencial conservador cometido en agosto de 2025.

Según detalló el medio Europa Press, la justicia colombiana dictó el viernes una sentencia de 22 años y cuatro meses de prisión a Pérez Marroquín. El fallo se dio como resultado de la investigación de la Fiscalía, que sostuvo que “El Viejo” planificó el ataque, proveyó el arma utilizada y lideró la logística del delito que terminó con la vida del exsenador del Centro Democrático durante un acto público en Bogotá.

El comunicado de la Fiscalía incluyó los cargos por los cuales Pérez Marroquín fue hallado culpable: homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, utilización de menores en actos delictivos, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios o municiones. Según Europa Press, la acusación sostiene que el imputado actuó como coordinador logístico y facilitador directo del homicidio, desempeñando un papel central en la conexión entre los autores materiales y los autores intelectuales.

El abogado de la familia del dirigente fallecido, Víctor Mosquera, calificó la condena como “un paso estructural relevante en el esclarecimiento judicial del crimen”. Mosquera sostuvo también en un comunicado difundido por Europa Press que su representado “asumió un rol determinante dentro de la organización criminal, actuando como articulador logístico, proveedor de armas y enlace directo con quienes ordenaron la ejecución del homicidio por precio”. A la vez, advirtió que “la verdad judicial aún no está completa”, señalando la existencia de “una organización criminal con niveles de dirección, coordinación y financiación que trascienden a los ejecutores ya judicializados”, lo que, a su vez, implica la participación de un grupo armado ilegal detrás de los hechos.

La sentencia contra Pérez Marroquín se suma a las que, a principios del mismo mes, recibieron Carlos Mora González y Katherine Martínez. Ambos fueron condenados a 21 años de prisión por su involucramiento en el homicidio del político conservador. Europa Press informó que hasta el momento nueve personas han sido arrestadas por el caso, cifra que da cuenta de la extensión del entramado criminal bajo investigación.

El crimen de Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 11 de agosto de 2025, tuvo como ejecutor material a un adolescente de 15 años, hecho que provocó conmoción nacional. El episodio reavivó recuerdos de situaciones similares en décadas pasadas, especialmente en los años 80 y 90, cuando la violencia y los asesinatos de dirigentes políticos alteraron gravemente la vida institucional del país. La Fiscalía, según consignó Europa Press, identificó la operación como obra de una red de sicarios organizados, aunque hasta ahora los motivos que llevaron a planificar y ejecutar el ataque siguen sin un esclarecimiento definitivo.

El proceso judicial en torno al asesinato del excandidato presidencial continúa en curso, con investigaciones abiertas respecto a los posibles autores intelectuales y a los mecanismos de financiación y coordinación del crimen. Aunque varias sentencias ya se han dictado contra miembros de la red involucrada, tanto autoridades como voceros de la familia de Uribe Turbay subrayan la importancia de esclarecer el trasfondo completo de los hechos. Europa Press reportó que, en este contexto, los operativos policiales y las pesquisas de los organismos de justicia avanzan en la identificación de las cabezas que articularon la operación y de los recursos que permitieron su realización.

Miguel Uribe Turbay desempeñó un papel relevante en el escenario político del país y su asesinato detuvo abruptamente su campaña rumbo a la presidencia. Los hechos han tenido, según Europa Press, impacto amplio tanto en la sociedad como en el debate público colombiano, que volvió a poner en la agenda la discusión sobre la seguridad de los líderes políticos y la vigencia de estructuras criminales dedicadas a perpetrar asesinatos por encargo.

El caso ha generado pronunciamientos de distintas esferas políticas y sociales. El presidente Petro, en su reacción luego de la condena, destacó el hecho de que la persona sentenciada admitió su responsabilidad y reiteró su pregunta respecto a quienes acusaron a su administración sin pruebas concluyentes. La familia de Uribe, a través de su abogado, insiste en que el esclarecimiento total de los hechos solo llegará cuando se conozcan y enfrenten judicialmente todos los niveles de la organización criminal implicada.

La cobertura de Europa Press recoge que, pese a las acciones judiciales en curso, subsiste la expectativa pública sobre los resultados finales de la investigación, así como sobre la capacidad de las instituciones para desarticular estructuras delictivas capaces de atentar contra figuras políticas de alto perfil. El caso de Uribe Turbay se perfila como un ejemplo de los desafíos que aún enfrentan las autoridades encargadas de garantizar justicia y seguridad en el país.