Sánchez y Sumar desbloquean el inicio del Consejo de Ministros tras avanzar en un posible acuerdo

La prolongación de las negociaciones entre los socios de la coalición ha generado retrasos en la agenda del Ejecutivo, según consignó Europa Press, en una jornada decisiva marcada por el pulso entre las distintas sensibilidades del Gobierno alrededor de nuevas medidas económicas y sociales. En el centro del debate se encuentra la persistencia de divergencias respecto a las políticas de vivienda, mientras avanzan propuestas en otras áreas claves para enfrentar el impacto del conflicto en Oriente Próximo. El Consejo de Ministros extraordinario, previsto para esta mañana, inició sus trabajos con más de dos horas de demora a causa de estas discrepancias.

De acuerdo con lo informado por Europa Press, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han mantenido contactos directos para intentar destrabar la situación. Las fuentes del equipo de Yolanda Díaz, citadas por el medio, señalaron que existen avances en las conversaciones, pero advirtieron que “se tienen que cerrar algunos flecos” y que parte de las cuestiones pendientes se abordarían durante el transcurso mismo de la reunión ministerial. Explicaron, asimismo, que Sánchez sostuvo un encuentro con los cinco ministros pertenecientes a Sumar antes del comienzo formal del Consejo, donde también continuó el intercambio sobre los contenidos del plan anticrisis.

El Consejo de Ministros extraordinario estaba convocado para las 9:30 horas, pero no arrancó hasta las 11:30, según el relato de Europa Press. El motivo principal de la demora estuvo relacionado con la posición de los miembros de Sumar, que se opusieron al inicio de la sesión hasta lograr incorporar en el decreto del Gobierno iniciativas ligadas a la prórroga de contratos de alquiler y a medidas de control sobre los márgenes empresariales, elementos que consideran esenciales para responder a los efectos sociales de la crisis dispuesta por la guerra en Irán.

Durante las últimas jornadas, la postura de los ministros de Sumar se ha enfocado en la introducción de mecanismos que mejoren tanto el acceso a la vivienda como la contención de precios en este paquete gubernamental de respuesta a la crisis. Según detallaron a Europa Press, insistieron en establecer un sistema de control para evitar que la reducción de tributos beneficie de manera extraordinaria e injustificada a determinadas empresas. Frente a esta presión, el sector socialista del Ejecutivo prefería concentrar los esfuerzos en cuestiones energéticas, con la intención de facilitar la convalidación parlamentaria del decreto la próxima semana y conseguir el respaldo de formaciones como el PNV y Junts. Estos grupos ya habían trasladado al Gobierno su voluntad de evitar un texto ‘ómnibus’, es decir, una normativa que abarque un abanico excesivamente amplio de materias.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Alberto Ibáñez, portavoz adjunto de Sumar y diputado de Compromís, cuestionó la estrategia socialista y denunció que el PSOE “se escuda excesivamente en las derechas” al promover rebajas impositivas al tiempo que mantiene reticencias frente a la adopción de políticas de vivienda integradas en el plan anticrisis.

Las medidas económicas a debate incluyen, según informó Europa Press, un descenso significativo del IVA aplicado a los carburantes, que pasaría del 21% al 10%. Esta propuesta representa un cambio en relación al mecanismo anterior adoptado por el Ejecutivo para hacer frente al alza de precios motivada por la guerra en Ucrania, cuando se habilitó una bonificación universal de 20 céntimos por litro de combustible. Ahora, el Gobierno analiza alternativas para focalizar el alivio fiscal en un escenario dominado por las consecuencias del conflicto en Irán.

Además de la rebaja en el IVA de los carburantes, el paquete gubernamental contemplaría nuevas reducciones impositivas en la factura eléctrica, mejoras en el acceso y condiciones del bono social eléctrico y el fortalecimiento de garantías sobre el suministro energético. Según destacó Europa Press, estas herramientas buscan mitigar el impacto económico derivado de la coyuntura internacional y asegurar una respuesta efectiva frente a las dificultades que atraviesan hogares y empresas nacionales.

Está previsto que, tras la conclusión de la sesión del Consejo de Ministros, el presidente Sánchez comparezca ante los medios de comunicación para informar de los acuerdos alcanzados y los puntos que finalmente integrarán el decreto. Europa Press marcó como probable que las negociaciones entre los socios continúen durante la jornada, con vistas a cerrar las cuestiones aún pendientes y asegurar una posición de consenso antes de la presentación pública de las medidas.

El desarrollo de estas conversaciones refleja la tensión interna dentro del Gobierno de coalición en torno a prioridades y enfoques para responder a la crisis actual. Mientras una parte del Ejecutivo enfatiza la urgencia de adoptar medidas en el ámbito energético y fiscal para sumar apoyos parlamentarios amplios, la otra insiste en aprovechar la coyuntura para introducir reformas que fortalezcan la protección social, en especial en materia de vivienda.

El futuro inmediato del plan anticrisis dependerá tanto de la capacidad de la coalición para articular una posición común como del margen de negociación que encuentren con el resto de grupos parlamentarios en la semana entrante, cuando el Congreso de los Diputados deba pronunciarse sobre la convalidación del decreto.