Gobierno aprueba ayudas de más de 877 millones para sector agroalimentario y pesquero por subida de costes

La rebaja del impuesto al valor añadido (IVA) en los carburantes agrícolas reducirá la tasa del 21% al 10%, el menor porcentaje permitido por la normativa de la Unión Europea, según informó el Gobierno. Este ajuste impositivo, de acuerdo con las estimaciones del Ejecutivo, permitirá que cada vehículo se beneficie de un descuento de hasta 30 céntimos por litro, equivalente a unos 20 euros por automóvil. Esta reducción fiscal, canalizada a través de la Agencia Tributaria y las Haciendas Forales de País Vasco y Navarra, tendrá vigencia hasta el 30 de junio y forma parte de un conjunto de ayudas destinadas al sector agroalimentario y pesquero ante el impacto en los costos generado por el conflicto en Oriente Medio.

Según publicó el medio oficial, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó al término de un Consejo de Ministros extraordinario que el paquete de ayudas asciende a más de 877 millones de euros y tiene como objetivos principales paliar los efectos del encarecimiento del gasóleo agrícola, los fertilizantes y otras materias primas para explotaciones agrarias y pesqueras. Los descuentos para carburantes agrícolas se establecen en 20 céntimos por litro adquirido, con un presupuesto específico de 52 millones de euros para su financiación.

De acuerdo con el anuncio del presidente, la ayuda para el gasóleo de uso agrario será automática para agricultores y ganaderos que acrediten derecho a la subvención mediante la solicitud de devolución del impuesto especial sobre hidrocarburos, trámite al que ya están exentos por su actividad. La medida busca aliviar el sobrecosto de los insumos que recae directamente en los profesionales del sector primario y contribuir de forma indirecta a la contención de los precios en la cesta básica.

El medio detalló que, además de la rebaja en el carburante, los profesionales inscritos en los registros de explotaciones agrarias podrán acceder a subvenciones equivalentes para la adquisición de fertilizantes. Estos insumos, que experimentaron fuertes subidas de precio a raíz del conflicto, tendrán un apoyo presupuestario de 500 millones de euros. A diferencia de ayudas previas, como las lanzadas tras la invasión rusa de Ucrania, estas subvenciones se extienden a todos los agricultores registrados, no solo a los receptores de la Política Agraria Común (PAC).

El Gobierno también destina 300 millones de euros adicionales a la línea de financiación ICO-MAPA-Saeca, canalizando 225 millones para la subvención de capital de los créditos y 75 millones para avales de la Sociedad Estatal de Caución Agraria (Saeca), medida implementada en respuesta a dificultades crediticias surgidas tras el inicio de las hostilidades en Ucrania. Según reportó la fuente oficial, esta financiación pretende asegurar el acceso a recursos para productores agroalimentarios y pesqueros afectados por la volatilidad de los costes derivados de los conflictos internacionales.

En el ámbito pesquero, el plan contempla un fondo inicial de 25 millones de euros como compensación directa a los buques, cálculo que se basará en el consumo diario de combustible, su coste semanal y la actividad de las embarcaciones. También se considerarán el tipo de artes de pesca empleadas y si la labor se desarrolla en caladeros nacionales o internacionales. La flota pesquera, además, tendrá exención temporal de la tasa sobre pesca fresca hasta el 30 de junio, medida motivada tanto por el incremento de la energía como por dificultades logísticas vinculadas al cierre de espacios aéreos para rotación de tripulaciones.

El medio consignó que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recibirá nuevas facultades para supervisar y sancionar eventuales abusos o prácticas especulativas de empresas beneficiadas por las ayudas. Las organizaciones del sector agrario denunciaron en semanas recientes un comportamiento abusivo de ciertas compañías, acusadas de encarecer artificialmente el precio del gasóleo agrícola, motivo por el cual reclamaron una mayor intervención de Competencia. Sánchez aclaró que “se castigará con dureza” a quienes busquen enriquecimiento ilícito a costa de las subvenciones públicas y remarcó que se trata de fondos sufragados directamente por la ciudadanía.

El conjunto del plan alcanzará una movilización de 5.000 millones de euros a través de 80 medidas, todas orientadas a minimizar el efecto de la crisis derivada de la guerra en Irán y sus repercusiones sobre la economía española. El Gobierno prevé que el impacto beneficiará a los 20 millones de hogares y a tres millones de empresas en España, según informó el medio oficial tras la comparecencia del presidente.

Son múltiples las ramificaciones de la crisis en Oriente Medio reflejadas en los costes para la agricultura y la pesca españoles. El aumento de los precios del combustible afectó directamente a la capacidad de trabajo de la flota y de las explotaciones agrarias. Además de la presión al alza en insumos, el cierre de espacios aéreos complica la rotación internacional de tripulaciones, sumando obstáculos adicionales a la operatividad del sector pesquero.

Durante la rueda de prensa en la que se hizo el anuncio, Sánchez subrayó la importancia de asegurar que el dinero público canalizado a través de las ayudas retorne íntegramente a productores y consumidores, sin intermediaciones oportunistas ni abusos empresariales. Las medidas aprobadas buscan, tal como detalló el medio, amortiguar la propagación del alza de precios hasta los consumidores finales y ser ejecutadas de manera ágil, mediante procedimientos automatizados cuando sea posible para facilitar el acceso efectivo de los beneficiarios.

Tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), las medidas entrarán en vigor a partir del día siguiente, con el compromiso de revisión periódica y la previsión de adaptarlas según evolucione la crisis energética y agroalimentaria vinculada al conflicto internacional, según puntualizó la información oficial.