El Consejo de Ministros se retrasa al oponerse Sumar a dejar fuera del decreto anticrisis la prórroga de alquiler

"Esto no puede ser un mero decreto de rebaja de impuestos", expresaron fuentes de Sumar al medio Europa Press, en relación con la exclusión de medidas sobre vivienda y control empresarial del decreto anticrisis. Con esa posición, los representantes del grupo minoritario de la coalición condicionaron el inicio del Consejo de Ministros extraordinario previsto para las 09:30 de este viernes, que permanecía bloqueado tras dos horas de la hora señalada debido a la falta de consenso entre los socios del Ejecutivo.

Según informó Europa Press, la sesión convocada para abordar un nuevo paquete de medidas económicas en respuesta al impacto de la guerra en Irán se encontraba retrasada por la exigencia de Sumar de incluir la prórroga de los contratos de alquiler y mecanismos de control sobre los márgenes empresariales en el decreto. De acuerdo con información proporcionada por portavoces de Sumar, el grupo insistía en que ambos puntos formaran parte de la respuesta gubernamental frente a la crisis y se resistía a avanzar con la reunión mientras esas cuestiones quedaran excluidas del texto.

La negociación entre los dos principales socios del Gobierno español alcanzó un punto crítico este viernes, con intercambios de última hora centrados en la posible incorporación de medidas para mejorar el acceso a la vivienda y establecer controles con el objetivo de evitar que la rebaja de impuestos repercuta en beneficios extraordinarios no justificados para las empresas. Desde Sumar, los ministros defendieron que estas políticas deben integrar la batería de acciones contra el alza de precios y las consecuencias derivadas del conflicto en Oriente Medio.

Fuentes del Ejecutivo citadas por Europa Press confirmaron que el equipo de Moncloa valoraba una rebaja del IVA aplicado a los carburantes del 21% al 10%. La medida, orientada a paliar el encarecimiento de los combustibles por las tensiones en Irán, difiere de las iniciativas implementadas tras el estallido de la guerra en Ucrania, cuando el Gobierno español aprobó una bonificación universal de 20 céntimos por litro de combustible. Funcionaros implicados en el diseño del decreto señalaron que esta rebaja fiscal era uno de los aspectos centrales que el Ejecutivo buscaba consensuar antes de emitir el decreto para su convalidación en el Congreso.

El medio Europa Press detalló que el sector socialista del Gobierno prefería priorizar medidas vinculadas a la energía para facilitar el respaldo parlamentario de grupos como PNV y Juntos. Ambos partidos habían adelantado a Moncloa su preferencia por un texto reducido y enfocado, y comunicaron su rechazo a un decreto que incluyera un conglomerado de iniciativas heterogéneas, conocidas como textos 'omnibus'. Con la validación legislativa prevista para la próxima semana, el PSOE apuntaba a asegurar los votos de sus aliados más próximos, aún cuando eso pudiera suponer el descontento con Sumar respecto a la agenda de vivienda.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Alberto Ibáñez, portavoz adjunto de Sumar y diputado de Compromís, cuestionó la posición de los socialistas, a quienes acusó de "escudarse excesivamente en las derechas" mediante medidas como la reducción de impuestos y de resistirse a incluir reformas de vivienda en la normativa en negociación. Según Ibáñez, la postura del ala socialista centraba la respuesta anticrisis en la reducción de tributos, dejando de lado políticas de protección social reclamadas por su grupo.

De acuerdo con lo reportado por Europa Press, la reunión del Consejo de Ministros seguía sin arrancar a primera hora del mediodía, en espera de un acuerdo de última hora entre el PSOE y Sumar que permitiera el comienzo formal de la sesión y la posterior comparecencia del presidente Pedro Sánchez. Entre las cuestiones en discusión figuraban tanto el alcance de la rebaja fiscal sobre carburantes como los mecanismos para evitar que tal rebaja se traduzca en ganancias adicionales para las empresas sin repercusión positiva para los consumidores, así como la inclusión o no de medidas que respondan al encarecimiento de la vivienda.

El decreto anticrisis que se sometía a negociación tenía como contexto la escalada de precios y las incertidumbres económicas derivadas del conflicto en Irán, que mantiene afectado el suministro internacional de energía y repercute en la economía española, según informó Europa Press. Tanto la urgencia en las deliberaciones del gabinete como la presión sobre el Ejecutivo respondían a la exigencia de plasmar esas contingencias en medidas que combinen alivio fiscal inmediato y protección social, en un momento de tensión entre los socios gubernamentales respecto a las prioridades de cada bloque.