
Durante su intervención ante la Comisión de Cultura en el Congreso de los Diputados, el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí Grau, planteó que existe una deuda pendiente en España relacionada con la existencia de entidades vinculadas al franquismo. Según informó el medio, Martí Grau cuestionó por qué este debate llega en la actualidad y no en las décadas inmediatas a la Transición, remarcando que la complejidad del contexto de la época pudo influir en la postergación de este asunto. El responsable de Cultura señaló que, desde una perspectiva europea, resulta incomprensible que todavía no se haya abordado la revisión de estos legados institucionales.
El Ministerio de Cultura ha comunicado que remitirá “en breve” al ámbito judicial el informe que podría determinar la disolución de la Fundación Francisco Franco. Según consignó la fuente oficial, dicho informe está listo para ser firmado y responderá a la petición de la Justicia para evaluar la continuidad de la organización, una vez incorporadas las alegaciones presentadas por la propia fundación.
Tal como publicó el medio, el documento recoge pruebas que, de acuerdo con el secretario de Estado, reflejan de manera “indiscutible” la exaltación del régimen franquista y el menosprecio hacia las víctimas de la dictadura. Esto, según Martí Grau, constituiría el fundamento legal para la extinción de la fundación impulsora del legado de Francisco Franco. El funcionario explicó ante los grupos políticos que la decisión final recaerá en el juez una vez entregado el informe, que incluye la documentación recabada por el Ministerio de Cultura durante el proceso administrativo.
Martí Grau explicó que el Ejecutivo se plantea abordar a continuación la situación de otras fundaciones con denominaciones asociadas a antiguos líderes o figuras de la historia del país, aunque carezcan del alcance o la relevancia de la organización vinculada directamente a Franco. Durante su intervención, subrayó que sólo resta la firma para que el documento sea formalmente remitido a la Justicia. El proceso, detalló el secretario de Estado, incluye la valoración de toda la información que, desde el punto de vista del Gobierno, acredita tanto el homenaje a la dictadura como la falta de reconocimiento a quienes fueron perseguidos o victimados por el franquismo.
Según reportó el medio, la Fundación Francisco Franco ha presentado alegaciones en el marco de este procedimiento, las cuales ya han sido tenidas en cuenta para la redacción final del informe. Martí Grau aseguró ante los diputados que, concluido este caso, el Gobierno evaluará la situación de otras fundaciones con vinculaciones a etapas de represión de la historia reciente, en continuidad con el proceso de revisión impulsado por las instituciones democráticas.
La tramitación del informe por parte del Ministerio de Cultura responde a una petición judicial, a fin de dilucidar si la actividad de la Fundación Francisco Franco contradice la legislación vigente relacionada con la exaltación de dictaduras y la protección de la memoria democrática. El medio precisó que el documento reúne pruebas orientadas a demostrar tanto las actividades de enaltecimiento de la figura de Francisco Franco como los elementos considerados ofensivos hacia las víctimas de la dictadura.
Durante la sesión en el Congreso, Jordi Martí Grau manifestó que la decisión judicial sobre la Fundación Francisco Franco sentará un precedente para futuras actuaciones relacionadas con otras organizaciones de naturaleza y origen semejante. Recordó, además, que la existencia de este tipo de entidades resulta difícil de entender en el contexto de los países integrantes de la Unión Europea, donde la preservación de la memoria democrática ha adquirido especial relevancia normativa.
El Ministerio de Cultura ha destacado que la remisión inmediata del informe al juez forma parte de sus compromisos para dar cumplimiento a los estándares europeos en materia de derechos humanos y memoria histórica. Según publicó el medio, la resolución que adopte la Justicia implicará la revisión definitiva del futuro de la Fundación Francisco Franco, que durante décadas ha promovido actividades vinculadas a la defensa y promoción de la figura del dictador y el régimen implantado tras la Guerra Civil.
Desde la perspectiva del Ejecutivo, según relató el medio, el cierre de la Fundación Francisco Franco responde a la necesidad de atender demandas históricas de reparación y reconocimiento, así como a los criterios legales actualizados en materia de asociaciones y fundaciones que rigen en el país. Jordi Martí Grau adelantó que, después de esta actuación, la agenda institucional incluirá casos vinculados a organizaciones que lleven nombres relacionados con otros periodos oscuros del pasado español, aunque no tengan la misma significación o proyección pública que la fundación dedicada al dictador.
De acuerdo con lo informado por el medio, la comisión parlamentaria acogió la explicación sobre el proceso, el cual quedará a la espera de la decisión judicial. El documento preparado y revisado por el Ministerio de Cultura será central en el análisis legal acerca de si las pruebas recabadas justifican la extinción de la organización, en el marco de los procedimientos vigentes en justicia y memoria democrática.