El informe final del Comité Nacional Sirio ha confirmado que los ataques durante la ola de violencia en la provincia de Sueida en julio de 2025 afectaron al menos a 36 municipios, donde se produjeron incendios, actos de vandalismo contra viviendas y contra lugares religiosos. El organismo también documentó represalias dirigidas tanto a comunidades beduinas como drusas. Estas conclusiones se extraen de la presentación realizada este martes por el comité ante el ministro de Justicia sirio, Mazhar al Wais, según detalló la plataforma de noticias en cuestión.
De acuerdo con la información presentada, el comité sostuvo que los hechos de violencia en Sueida constituyeron graves violaciones de los Derechos Humanos. Esta declaración se fundamentó en la revisión de testimonios orales, análisis de pruebas digitales y documentos, así como en inspecciones directas en la zona afectada, según consignó la fuente. El organismo, creado por decreto del Ministerio de Justicia sirio y conformado por siete integrantes —cuatro jueces, dos abogados y un general de brigada—, reportó una cifra de víctimas letales que asciende a 1.760 personas y un total de 2.188 heridos de ambos bandos enfrentados en el contexto sectario.
El comité indicó la imposibilidad de establecer el número exacto de personas desaparecidas debido, entre otras razones, a la falta de información proporcionada por los distintos actores implicados y a la dificultad de acceso a la ciudad de Sueida. Según reportó el medio, solo fue posible confirmar 60 desaparecidos pertenecientes a tribus locales de la provincia y otros 30 asociados al Ministerio de Defensa.
Entre las principales transgresiones documentadas, el Comité Nacional Sirio destacó asesinatos, asesinatos intencionados, saqueos armados, destrucción e incendio de bienes inmuebles y comercios, torturas, insultos sectarios e incitación a la violencia motivada por divisiones religiosas, de acuerdo con la información entregada al ministro de Justicia. Los incidentes ocurrieron durante enfrentamientos entre comunidades beduinas y drusas, coincidieron con la intervención de fuerzas de seguridad alineadas con el Gobierno nacional.
Respecto a la actuación del Ejército y de las fuerzas de seguridad adscritas a Damasco, el informe del comité, basado en varios testimonios recogidos por la investigación, señala que estas fuerzas intentaron frenar el avance de combatientes tribales hacia Sueida, pero no lograron impedirlo ante el elevado número de estos grupos. Posteriormente, detalló la fuente, las fuerzas de seguridad bloquearon la entrada de los combatientes y los obligaron a regresar después de llegar a la capital siria.
En su trabajo de documentación, el comité elaboró una lista de sospechosos relacionada con las instituciones estatales, formaciones armadas y civiles presuntamente involucrados en los crímenes. Tal como publicó el medio original, los datos recabados ya fueron remitidos a la justicia para el inicio de procesos perseguidos por la ley.
Además, el comité reconoció la instauración de medidas por parte de las autoridades transicionales, lideradas por el Gobierno de Ahmed al Shara, entre las que se incluye la creación del propio comité para investigar las violaciones de derechos fundamentales. Los responsables del informe apuntaron que resulta necesario continuar con procesos efectivos, independientes y transparentes para garantizar la rendición de cuentas ante la justicia y evitar la continuidad de abusos.
Finalmente, el comité reiteró la necesidad de ejecutar las recomendaciones presentadas en el informe con el objetivo de asegurar justicia para las víctimas y exigir responsabilidades a quienes hayan perpetrado los delitos. Declararon: "Subrayamos la necesidad de implementar las recomendaciones del informe para garantizar justicia a las víctimas y exigir responsabilidades a los perpetradores, reforzando el principio de no impunidad y previniendo futuras violaciones", según recogió el medio que difundió el reporte oficial.
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