La controversia sobre el movimiento de figuras relevantes entre Ecuador y Colombia cobró notoriedad tras la afirmación del presidente ecuatoriano Daniel Noboa de que la excandidata presidencial Luisa González también cruzó la frontera hacia el vecino país durante el toque de queda, coincidiendo con la salida de familiares de José Macías Villamar, alias 'Fito'. En ese contexto, Noboa profundizó en las tensiones bilaterales, rechazando públicamente las declaraciones del mandatario colombiano Gustavo Petro, quien lo acusó de ordenar ataques armados en áreas rurales colombianas próximas al límite común. Según consignó el medio Europa Press, el jefe de Estado ecuatoriano desmintió estas acusaciones y defendió la legitimidad de las operaciones militares, asegurando que las mismas se limitan exclusivamente al territorio bajo su jurisdicción.
De acuerdo con lo expuesto por Europa Press, los recientes bombardeos forman parte de una estrategia articulada por las autoridades ecuatorianas para combatir a grupos del crimen organizado, con un enfoque particular en las bandas de origen colombiano que han logrado infiltrarse en Ecuador. Noboa sostiene que esta situación se ve agravada por una supuesta falta de control por parte del gobierno colombiano en la frontera, lo que, en su opinión, permite el tránsito ilícito de personas vinculadas a actividades delictivas entre ambos países. A través de redes sociales, el mandatario ecuatoriano declaró: "Sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio", refiriéndose directamente a Gustavo Petro y subrayando que las acciones militares no se desarrollan fuera de los límites ecuatorianos.
El presidente de Ecuador enfatizó además la colaboración internacional en el enfrentamiento al narcotráfico y el crimen organizado, resaltando que los operativos incluyen bombardeos a locaciones empleadas como refugio por los grupos criminales, la mayoría de ellos de nacionalidad colombiana según su declaración, detalló Europa Press. Noboa resaltó el compromiso de su gobierno al afirmar: "Desde el primer día hemos combatido al narcoterrorismo en todas sus formas", y reiteró que no está dispuesto a retroceder ante la presión internacional ni las acusaciones provenientes de Colombia.
En la escalada de esta disputa diplomática, Noboa señaló específicamente al ejecutivo colombiano por permitir el paso de personas consideradas peligrosas. Acusó además a Colombia de haber ofrecido refugio a la familia de ‘Fito’, conocido narcotraficante ecuatoriano, quienes atravesaron la frontera durante el toque de queda nocturno impuesto en cuatro provincias ecuatorianas hasta el 31 de marzo. Este toque de queda forma parte de una respuesta integral contra el crimen organizado en la región.
Mientras tanto, Gustavo Petro intensificó sus críticas desde redes sociales, reportando la existencia de 27 cuerpos calcinados tras los presuntos ataques, una cifra que atribuyó directamente a las operaciones señaladas en la frontera. Según publicó Europa Press, el presidente colombiano insistió en que ningún grupo armado irregular que opere en Colombia dispone de aviones, por lo que descartó que los bombardeos hayan sido ejecutados por facciones criminales locales o por la fuerza pública colombiana. “Yo no he dado esa orden”, afirmó Petro al referirse a los bombardeos que impactaron áreas cercanas a viviendas, y reiteró que la explicación oficial ofrecida por Ecuador carece de credibilidad, particularmente para las familias campesinas afectadas que, según dijo, optaron por reemplazar cultivos ilegales de hoja de coca por opciones legales.
Durante su más reciente consejo de ministros, el presidente de Colombia alertó que los bombardeos provenían desde Ecuador. Explicó que se han registrado múltiples explosiones y se comprometió a impulsar una investigación exhaustiva para establecer los hechos. También ejemplificó la gravedad de los incidentes, compartiendo en su perfil público la imagen de una bomba supuestamente lanzada desde el país vecino, la cual habría caído apenas a cien metros de la residencia de una familia campesina en condiciones de pobreza.
La difusión de grabaciones presuntamente vinculadas a estos episodios formó parte del cruce de versiones entre los dos gobiernos. Petro sugirió que uno de los videos, que habría llegado desde Ecuador, debe hacerse público para esclarecer responsabilidades, según documentó Europa Press. Además, el dirigente colombiano mencionó que solicitó la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para mediar en el conflicto con Noboa, remarcando su voluntad de evitar un escenario de confrontación armada entre ambas naciones.
Simultáneamente, la figura de Luisa González, aliada del expresidente Rafael Correa y excandidata en las elecciones de 2023, resultó aludida en medio de las controversias migratorias y de seguridad. Noboa señaló que González también cruzó hacia Colombia durante el periodo del toque de queda. La ex candidata respondió desde sus perfiles en redes informando que planea continuar con actividades internacionales, sin aludir de forma directa a las acusaciones de Noboa. Explicó que "cientos de personas" viajaron desde el aeropuerto de Quito durante la aplicación del toque de queda. Al mismo tiempo, González enfrenta una investigación por la Fiscalía ecuatoriana por la presunta financiación irregular de su campaña, donde se indaga un posible flujo de fondos provenientes de Venezuela en la operación denominada 'Caja Chica', narró Europa Press.
La relación bilateral no se restringe únicamente a asuntos de seguridad y fronteras. Desde enero, una guerra comercial ha agravado el clima diplomático, luego de que Ecuador determinara la imposición de aranceles del 30%, elevando posteriormente la tasa al 50% sobre las exportaciones procedentes de Colombia, en reacción a lo que considera una permisividad de Bogotá ante el tráfico de drogas. En respuesta, Colombia implementó medidas arancelarias equivalentes sobre productos ecuatorianos y suspendió temporalmente la venta de energía eléctrica hacia su vecino, informó Europa Press.
A lo largo de este intercambio, ambos gobiernos han sostenido la legitimidad de sus acciones. Ecuador argumenta que las medidas fronterizas y comerciales buscan preservar su seguridad interna ante la amenaza del crimen internacional, mientras que Colombia reclama transparencia y un abordaje conjunto para evitar daños a las comunidades en la zona limítrofe. Europa Press documentó que el escalamiento del conflicto verbal y económico continúa sin señales de resolución inmediata, y que las investigaciones tanto judiciales como administrativas siguen abiertas en ambos países para esclarecer los incidentes reportados y el trasfondo de las acusaciones mutuas.
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